Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El más reciente informe del departamento de Estado de los Estados Unidos dirigido al congreso norteamericano reprobó a El Salvador en materia de transparencia fiscal e instó al Gobierno Central que publique datos reales sobre los gastos en la pandemia en el último año, que de hecho, internamente la administración de Bukele ha sido fuertemente criticada por la falta de rendición de cuentas e inclusive, ser el motivador de la falta de transparencia, a través de aprobación de leyes, como la famosa “Ley Alabi” que dio inmunidad a funcionarios del Ejecutivo, aseguró la oposición.
“Aunque el presupuesto estuvo completo en lo sustancial, los ingresos reales y los gastos no corresponde racionalmente a los que aparecían en el presupuesto aprobado”, señaló el Reporte de Transparencia Fiscal, a petición del congreso estadounidense, para evaluar si las gobiernos cumplen aunque sea con los mínimos requisitos de transparencia.
En el informe se detalla que existe la preocupación porque el Gobierno salvadoreño no ha brindado información completa sobre los gastos por la Covid-19 a la Asamblea. Y aunque la Corte de Cuentas de la República es la entidad encargada de auditar dichos fondos, esta, “revisó una parte de las cuentas del Gobierno, pero no tuvo la capacidad de auditar el presupuesto anual completo y le faltó autoridad para cumplir su función”, reveló el departamento de Estado.
Al respecto, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, dijo que existen “varias señales negativas“ que El Salvador ha enviado al mundo en el tema del manejo fiscal en El Salvador. Entre esos aspectos negativos, Portillo Cuadra señaló que durante la pandemia se hicieron transferencias presupuestarias sin ser autorizadas por la Asamblea Legislativa, tal como lo dice la Constitución.
El tricolor detalló que otro de los aspectos negativos “es que se ha ocultado información financiera a la Corte de Cuentas, a la Fiscalía General de la República, al Tribunal de Ética Gubernamental y a prácticamente a todas la instituciones contraloras de los dineros públicos”.
La Asamblea Legislativa afín al Ejecutivo aprobó en su segunda plenaria, la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de covid-19”, dicha ley destacó que el Ministerio de Salud (Minsal) y todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud podrán hacer contrataciones directas fuera de las reglas que establece la Ley de Compras y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP) e incluso con efectos retroactivos.
Esta Ley, según René Portillo Cuadra, “anula toda posibilidad de saber cuál fue el destino de los dineros públicos que se manejaron durante la pandemia”.
Mientras que el oficialismo aseguró que el Gobierno de El Salvador “debe tener respuesta” a cualquier inquietud que se tenga con el manejo del dinero de la pandemia. “Hay que recordar que se tuvo que utilizar dinero de carácter urgente”, omitiendo así el procedimiento de algunos casos, comentó el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.
En cuanto a las repercusiones que podrían tener, el diputado Guillermo Gallegos dijo que “ahora” el país es conocido mundialmente por ser “uno de los mejores que ha tratado el tema de la Covid-19. Y haciendo un balance, los salvadoreños agradecemos la gestión de Bukele”, agregó Gallegos.
Mientras que el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, sostuvo que las calificadoras de riesgo ya están alerta con la información del departamento de Estado, “de tal manera que el riesgo país, se eleva y lo que esto hace es que cuando El Salvador tramite un préstamo, con cualquier organismo financiero internacional tendrá un interés altísimo, entre un 9 o 10%, es decir, se compra deuda cara”, enfatizó.
El informe del Departamento de Estado recomendó tres aspectos específicos: que el GOES publique un presupuesto aprobado que corresponda a los ingresos reales y gastos del Gobierno, publicar auditorías de todo el presupuesto anual y otorgar autoridad administrativa a las entidades encargadas de la transparencia fiscal.
En dicho informe también se reprueba a Nicaragua, Belice, Haití y República Dominicana.
