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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La criminalización, estigmatización y amenazas a las personas defensoras de derechos humanos, es un patrón repetitivo en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, afirman representantes de organizaciones sociales, que lanzaron una campaña contra la represión que ejercen los actuales gobiernos.
“Queremos lanzar esta campaña este día (ayer lunes) para visibilizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y la amenaza que se cierne sobre estas personas. Porque las y los defensores de derechos humanos en estos cuatro países, están viviendo dificultades para realizar nuestras labores”, dijo Ovidio Mauricio González, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
Las organizaciones: Christian Initiative Romero (Iniciativa Cristiana Romero, por sus siglas en inglés CIR); el Centro de Derechos de Mujeres (CDM); el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, lanzaron la campaña ¿Quién Defiende a las Personas Defensoras de Derechos Humanos?, a fin de evidenciar una “escalada de represión y persecución” de personas defensoras en diversos ámbitos, dijo González.
“Hay organizaciones defensoras de derechos de la región centroamericana, que documentan casos de graves violaciones a sus derechos humanos, por defender a los sectores vulnerables de la población. Y aquí, en el país uno de los grupos con amenazas más graves son los periodistas y se ha podido comprobar ese ataque -desde el gobierno- a los medios de comunicación y en especial a los periodistas por sus investigaciones y darnos información que es lo obvio, en un Estado democrático”, explicó.
No obstante, lamentó que el vigor en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas defensoras, estén siendo vulnerados y calificados como “enemigos”, cuando acompañan a la población en sus justas reivindicaciones como la protección de su medio ambiente, libertad de expresión, seguridad pública y condiciones de vida digna.
“Creemos que en este país es necesario fortalecer la libertad de prensa, la libertad de información que está siendo violentada por el gobierno actual. Además, los defensores de derechos humanos tenemos que vigilar las acciones del gobierno en relación a los derechos de los sectores vulnerables como la población LGBTI al no reconocer sus derechos”, agregó.
Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, consideró que la situación de derechos humanos de Centroamérica, está en grave deterioro y los derechos fundamentales que se creían ya interiorizados por la población se encuentra en duda, si pueden ser ejercidos.
“Sobre la libertad de prensa en El Salvador, la APES cuenta con un centro de monitoreo de agresiones y periodistas que ha venido marcando un deterioro acelerado. En los seis meses de 2021 llevamos 146 vulneraciones a la prensa; en el año 2020 cerramos con 125 y en el año 2019 fueron 77 vulneraciones, esto para comprobar el nivel de gravedad de las agresiones”, sostuvo Cárcamo.
Mientras, Marlin Sierra, de CENDIH, describió que la situación que viven las personas defensoras de derechos humanos de Nicaragua, es un “riesgo permanente”, que se ha intensificado desde abril del año 2018, al aumentar la inseguridad y peligro en sus territorios.
“Hay estigmatizaciones, violencia sexual, agresiones físicas, amenazas a muerte y campañas de desprestigio, descalificación permanente, cancelaciones de personerías jurídicas, confiscación de nuestros bienes y detenciones arbitrarias. Lamentablemente, en nuestro país no existe una ley o política que proteja a las personas defensoras de derechos humanos, todo lo contrario, el año pasado ha subido el nivel de agresiones y amenazas, que pone en mayor riesgo y los ataques del gobierno que se escuda bajo el disfraz del discurso de la seguridad, la soberanía y el combate contra el terrorismo nos criminaliza como vende patrias o terroristas”, narró Sierra.
La acción colectiva de las organizaciones de la región centroamericana, se enmarca en el bicentenario del movimiento independentista, que al compararse muestra una serie de retrocesos sociales y han surgido en cambio gobiernos dictatoriales y autoritarios. Con liderazgos populistas y caudillistas que imponen poderes absolutos y antidemocráticos.
Hogla Teruel, de CENIDH, manifestó que la situación de Honduras no es la excepción de los escenarios de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, al referir que las personas defensoras están siendo perseguidos, amenazados y asesinados que son ataques desde el gobierno.
“Los defensores que más han sufrido persecución y asesinatos son los y las defensoras del medio ambiente que defienden sus territorios y bienes naturales y comunes. El caso emblemático de Berta Cáceres, que a cuatro años de su asesinato aún no se ha logrado la justicia para ella, que luchó contra las grandes empresas extractivas que los despojan de sus bosques, agua y tierra”, subrayó Teruel.
Como organizaciones sociales, exigieron a los gobiernos de la región el respeto a la integridad física de las personas defensoras e hicieron un llamado a la Comunidad Internacional y organizaciones de Derechos Humanos (OEA, ONU) a verificar el cumplimiento y respeto a los derechos de estos países.
Para Héctor Reyes, de CALDH, detalló que desde la toma de posesión el año pasado, del actual gobierno en Guatemala, inició una serie de medidas dictatoriales, en la que se aprovechó una ley de orden público como el Estado de Sitio, que es una ley que data de 1966 y tiene en su espíritu una medida contra subersiva, que deja a su país en un Estado Policial, que no garantiza los derechos humanos de la población vulnerable.
“Esto lo podemos notar en las acciones del 21 y 28 de noviembre de 2020, gran número de personas en resistencia pacífica fueron atacados y varios periodistas, que fueron atacados por agentes de la Policía Nacional Civil, que la reprimió. Definitivamente, para nuestros gobiernos lo más importante ahora es evitar nuestro derecho de asociación, de libertad de expresión, ya que no tenemos derecho a disentir, a no estar de acuerdo con las decisiones políticas y administrativas no solo de Guatemala, sino de Centroamérica, es el mismo prototipo”, puntualizó.
