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Por Elodie Cuzin
Madrid/AFP
El gobierno español recurrió este lunes al Tribunal Constitucional para bloquear la consulta sobre la independencia en la región de Cataluña, healing que ya ha empezado los preparativos para la votación sin esperar al veredicto judicial.
En la histórica plaza Sant Jaume de Barcelona, tadalafil donde se ubican el ayuntamiento y el gobierno regional, un panel luminoso marca desde el sábado la cuenta atrás para el 9 de noviembre, la fecha para la que el presidente regional, Artur Mas, convocó esta controvertida consulta.
Con las cartas sobre la mesa desde hace meses, la reacción de Madrid fue inmediata: tras un consejo de ministros extraordinario celebrado este lunes, el jefe del gobierno Mariano Rajoy anunció la presentación de dos recursos ante el Tribunal Constitucional, atacando duramente el proceso de secesión iniciado en Cataluña.
«Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una comunidad», dijo Rajoy, advirtiendo que «nada ni nadie» puede romper el principio de soberanía nacional del Estado español, protegido por la Constitución.
«Quien esgrime estos argumentos en realidad le está privando de ese derecho al que realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español», añadió.
El jefe de gobierno dijo lamentar profundamente la convocatoria de Mas «porque va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes y los aleja de Europa».
Pedir la opinión de los catalanes
La admisión de este recurso por parte de los magistrados provocará automáticamente la suspensión cautelar de la convocatoria hasta que el tribunal dicte sentencia sobre la cuestión.
Más complicado parece detener la voluntad del gobierno nacionalista catalán, apoyado por los independentistas de izquierdas de ERC, de «pedir la opinión de los catalanes», advirtió Artur Mas, que reclama a Madrid una actitud como la de Londres, que autorizó el referéndum del 18 de septiembre en el que Escocia rechazó la independencia.
«El proceso no acaba con una resolución del Tribunal Constitucional», que probablemente anulará la consulta, señaló Mas en una entrevista el domingo en la televisión privada La Sexta.
«Convocar la consulta no es declarar la independencia, es saber qué opinan los catalanes», añadió recordando que el resultado del escrutinio no es vinculante jurídicamente.
«El compromiso es votar el 9 de noviembre, no solo convocarnos a votar el 9 de noviembre», insistió el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, en la radio pública catalana.
10.800 urnas de cartón
Sin esperar a la decisión judicial, el gobierno catalán puso en marcha el domingo la logística de la consulta, cuya campaña oficial no empezará hasta el 2 de noviembre. Unos 5,4 millones de residentes en Cataluña mayores de 16 años están llamados a votar, así como los catalanes residentes en el extranjero que se hayan inscrito.
Organizar este referéndum costará 8,9 millones de euros, según los cálculos del gobierno regional, que deberá pagar la fabricación de 10.800 urnas de cartón dado que Madrid no cederá las utilizadas habitualmente en todos los comicios.
Algunos ayuntamientos ya han advertido que no colaborarán en la logística de la consulta, entre ellos el de Badalona, tercer municipio de la región gobernado por el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
La vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, encargada del dispositivo, se declaró «convencida» el domingo de que todos los ayuntamientos acabarán colaborando. Si no fuera así, se comprometió a garantizar la posibilidad de votar a todos los ciudadanos.
Con el trasfondo de la crisis económica, las aspiraciones independentistas han crecido en esta región de 7,5 millones de habitantes y responsable del 20% de la riqueza española.
El punto de inflexión para muchos nacionalistas se produjo en 2010, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional, tras un recurso del PP, recortó su estatuto de autonomía aprobado en referéndum en 2006 y privó a Cataluña del estatus de «nación».
«La desgracia que tenemos es que se siguió esta vía, hubo un referéndum (…), el PP lo recurrió al Tribunal Constitucional y ahí empezó un problema, pero son problemas que en democracia tienen solución», lamentó este lunes el vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista español Joaquín Almunia.
