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Rebeca Henríquez
Colaboradora
DiarioCoLatino
Mediante la presentación del informe “Financiamiento de la política salvadoreña a través de criptoactivos”, Acción Ciudadana advirtió los efectos e implicaciones que sufriría la democracia salvadoreña al ser financiada con criptomonedas, una acción que pondría en riesgo la institucionalidad de país.
En el contexto de las elecciones 2024, la organización, Acción Ciudadana, presentó el análisis de los efectos y consecuencias que tendría el financiamiento de los partidos políticos con criptoactivos, pese a que, no se conoce el mapa financiero de los movimientos, el Tribunal Supremo Electoral no avanza en la fiscalización de las finanzas de los diferentes partidos y el sistema de financiamiento de no es transparente, aseguró la organización de la sociedad civil.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, comentó que tres de las preocupaciones sobre el financiamiento con criptoactivos radican en que, el Tribunal Supremo Electoral no tiene una unidad de fiscalización, y por ende no cuenta con la capacidad de recursos humanos y tecnología para dar seguimiento a los datos de trazabilidad y la escasa transparencia en el acceso a la información de financiamiento de los partidos políticos.
Según la organización, Islandia, Suecia y Estados Unidos son países que han hecho uso del criptoactivo como método de financiamiento, donde los primeros dos no tienen una regulación específica. En el caso de Islandia, el país exige que los proveedores se registren con la Autoridad de Supervisión Financiera, y Suecia exige requisitos de información. Por su parte en Estados Unidos sí existe regulación, representa mayor visibilidad en el uso de dichas transacciones y fue utilizada para candidaturas al Congreso, presidenciales y locales.
En un caso contrario, Costa Rica e Irlanda forman parte de los países que no aceptan el uso de criptoactivos como financiamiento político. “Los riesgos y efectos que supone la adopción de la unidad monetaria no ha sido objeto de discusión dentro de la perspectiva política, no hemos analizado que significa que partidos políticos y candidatos, reciban dinero que pueda provenir de fuentes anónimas”, aseveró Dennise Silieza, de Acción Ciudadana.
Silieza aseguró que estos riesgos solo se ven agravados con la falta de especificación en la Ley Bitcoin el referente al abordaje que la ley debe tener en cuanto al financiamiento de la política, tanto en sí, los movimientos políticos pueden o no recibir aportaciones en criptoactivos, las características, los limites de los proveedores o las posibles sanciones en su incumplimiento.
La organización presentó herramientas tecnológicas como billeteras custodiadas, tecnología blockchain y exchanges, para aumentar la transparencia de criptoactivos en el financiamiento político.
Acción Ciudadana consideró que, prohibir la utilización de los activos digitales en el proceso de campaña electoral 2024 forma parte de las posibilidades, sin embargo, de no ser así, consideraron aceptar su utilización bajo estricto control de las autoridades electorales.
