El fenómeno de la judicialización de la política y la politización del judicial

Equipo Editorial de la Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD

En los sistemas republicanos existen tres poderes fundamentales del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; cada uno de estos poderes tienen funciones principales y secundarias: el Legislativo crea y modifica las leyes; el Ejecutivo cumple la misión de gobernar basándose en las leyes aprobadas por el Legislativo; y, el Poder Judicial se encarga de dirimir conflictos, juzgando las conductas ilegales, estas son las funciones principales de cada uno de estos tres poderes. La Constitución de El Salvador denominó a los tres Poderes del Estado, “Órganos Fundamentales”, pero para facilitar la lectura vamos a referirnos a los mismos como Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Los Poderes del Estado tienen funciones especializadas, pero están obligados a colaborar entre sí, por ejemplo, el Poder Legislativo aprueba la ley de presupuesto del Estado, pero es el Poder Ejecutivo el que presenta el proyecto del presupuesto año tras año; de la misma forma el Ejecutivo está obligado a crear reglamentos de ejecución de las leyes, de esta forma se facilitan todas las funciones administrativas del Gobierno, la construcción de obras públicas, las licitaciones y contrataciones públicas, la prestación de servicios públicos, entre otras actividades; mientras que el Poder Judicial puede presentar iniciativas de ley en materia de organización del sistema judicial, el ejercicio de la abogacía y el notariado, la jurisdicción y competencia de los tribunales, también el Judicial tiene funciones administrativas mínimas y tiene la potestad de crear reglamentos internos, que regulan las actividades al interior del sistema judicial. Podríamos poner más ejemplos sobre este tema pero lo importante es comprender que el Estado republicano está estructurado en distintos poderes estatales, cada uno de ellos tiene funciones especializadas pero están obligados a colaborar entre sí para cumplir con la finalidad del Estado. La finalidad del Estado consiste en satisfacer las necesidades de la población garantizando la consecución de la Justicia, la Seguridad Jurídica y el Bien Común (artículo 1 de la Constitución de El Salvador).

En algunas ocasiones el sistema de división de poderes se puede tergiversar cuando un Poder del Estado ejerce funciones que les competen a otros poderes, con lo cual tergiversa el sistema de gobierno; vamos a analizar de manera más detallada un fenómeno llamado “la judicialización de la política”, el cual se viene dando desde la década de 1990 en América Latina y desde el año 2009 ha aparecido dicha situación en El Salvador.

La judicialización de la política ocurre cuando el Poder Judicial empieza a invadir las funciones del Legislativo y del Ejecutivo, podemos explicar esta problemática manifestando que los jueces empiezan a auto-atribuirse funciones que la ley no les ha conferido, de esta forma crece la influencia de los jueces y magistrados en el ejercicio del gobierno, así como en la creación de las leyes.

Desde la perspectiva jurídica, el filósofo del Derecho italiano Riccardo Guastini (2008) define al activismo judicial como una clase de interpretación tendencialmente libre de todo vínculo textual que favorece la libre creación del derecho por parte de los jueces con el propósito de adaptar los contenidos constitucionales a las necesidades de la vida real. En torno al mismo tema el jurista italiano Mauro Capelleti señala que el activismo judicial refleja una revolución contra un modo formalista de entender la ley y al juez, revolución que conllevaría a que los jueces ya no estén restringidos a aplicar mecánicamente la ley sino que ahora participan del proceso de formulación de políticas públicas. Para sintetizar la explicación jurídica de la judicialización de la política es importante destacar la opinión del jurista mexicano Héctor Fix-Zamudio quien, en el año 1999, explicó que el elemento clave de la judicialización de la política es el desplazamiento de algunos temas para que sean evaluados por los jueces, lo cual implica que se le da al Poder Judicial (jueces y magistrados) determinado papel de control sobre los otros poderes estatales, lo cual significa que los tribunales sirven como un ring de pelea para discutir cuestiones que antes se ventilaban en el ámbito del poder legislativo o del poder ejecutivo.

A primera vista este fenómeno no parece algo negativo, pero cuando vamos profundizando el análisis nos damos cuenta que en realidad la “judicialización de la política” se va convirtiendo en un verdadero peligro, ya que los jueces son los primeros responsables de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, por lo tanto en un país democrático se debe rechazar todo intento de crear un “gobierno de los jueces”. En este marco de ideas, los jueces deben actuar dentro de las normas y reglas establecidas en las leyes, por lo tanto es correcto que el Poder Judicial limite a los otros poderes estatales cuando se incumplen las leyes, pero no es correcto que los jueces modifiquen las leyes, ni que se metan en asuntos políticos. Las decisiones políticas deben ser tomadas por los representantes del pueblo, quienes han sido elegidos por medio del voto popular. Los jueces tienen la misión constitucional de garantizar que exista seguridad jurídica en la aplicación de la legislación, es decir que las leyes se cumplan por igual a todos los ciudadanos. Desde hace siglos se conoce la doctrina denominada “political questions”, según la cual los temas políticos no son “justiciables”, es decir que los jueces, los magistrados y la corte no se deben involucrar en disputas de carácter político. Esta doctrina ha sido reconocida desde el famoso caso Madison vs Marbury de 1803.

Es en este marco de ideas la judicialización de la política es un fenómeno que se va convirtiendo en un verdadero “Gobierno de los Jueces”, lo cual se observa cuando desde la Sala de lo Constitucional se envían  órdenes hacia el Poder Legislativo o hacia el Ejecutivo para que realicen determinada acción, estableciendo incluso un plazo para ello. En este sentido cuando un juez se aparta de su papel y resuelve en base a sus concepciones personales, en base a sus creencias, a su ideología, fundamentando su opinión en razones paralegales y actuando en base a una agenda política, entonces se da el fenómeno de la judicialización de la política, porque las “decisiones políticas fundamentales” son tomadas por los jueces y no por los gobernantes ni por los diputados, es en esta lógica que se pervierte el sistema constitucional democrático de los “frenos, pesos y contrapesos”, ya que el juez no toma sus decisiones en base a la Constitución y las leyes, sino en base a su agenda política. Entonces el juez, los magistrados, la sala o la corte se convierte en un Suprapoder que actúa más allá de todo límite.

En El Salvador se viene dando este fenómeno desde el año 2009, para efectos explicativos vamos a citar algunos ejemplos relativos al caso: existe una estrategia diseñada por potencias extranjeras, con la cual se pretende utilizar al Poder Judicial (Órgano Judicial) como un arma arrojadiza para boicotear a los gobiernos progresistas mediante la aplicación selectiva de las leyes, la ley no se aplica por igual a todos sino que se busca atacar con dedicatoria especial a funcionarios de gobierno, a políticas públicas, a programas sociales; esto responde a la siguiente lógica: los gobiernos en América Latina desde la última década del siglo XX han venido implementando diversos programas para frenar la desigualdad, luchar contra la pobreza y garantizar la independencia nacional de potencias extranjeras. Las potencias extranjeras han intentado boicotear, deslegitimar y crear desorden en países que no aceptan ser dominados, especialmente los países con gobiernos progresistas. En esta coyuntura se enmarcan los procesos políticos que en América Latina han ocurrido, cuando los gobiernos de corte progresista acceden al Poder Ejecutivo en diversos países (Cuba, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Honduras, El Salvador, Venezuela) diversas estructuras judiciales empezaron a ejercer influencia y control político de las acciones de los gobiernos progresistas.

El Salvador es un país que se encuentra en un proceso de democratización de la política, de la economía, de la educación y del bienestar; los gobiernos progresistas han implementado una serie de programas de carácter social que han tenido como objetivo luchar contra la pobreza y disminuir la desigualdad social que existe en El Salvador, asimismo se ha respetado la iniciativa privada y la libertad de empresa, pero existen poderes fácticos que quieren regresar al pasado, para poder continuar utilizando al Estado para sus propios beneficios, esto se conoce como Estado Clientelar y fue una política implementada por los gobiernos de derecha, quienes utilizaban el Estado para favorecer a los intereses de los empresarios a cambio de apoyo financiero. Hasta el día de hoy la Fiscalía General de la República no ha investigado una serie de denuncias relacionadas con las actuaciones de los gobiernos de ARENA, pero sí se ha dedicado a crear juicios basados en especulaciones; acciones como estas se encuentran enmarcadas en la judicialización de la política y politización del judicial, ya que las instituciones estatales se olvidan de cumplir con la ley y buscan actuar en base a su agenda política, en base a sus concepciones políticas, a sus creencias personales y en base a subjetividades.

Desde la Sala de lo Constitucional, desde la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y desde la Fiscalía General de la República se han investigado a varias personas con el objetivo de crear un clima mediático en contra del gobierno actual. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía no tienen asidero probatorio y no han podido demostrar que algún funcionario del gobierno del FMLN haya realizado algún acto ilícito, pero en los medios de comunicación las noticias han puesto en agenda este debate; como no han podido encontrar culpable a nadie de delitos penales, han tenido que acudir al proceso civil de 1959 (enriquecimiento sin causa en materia civil), porque dicho proceso no responde a garantías procesales de debido proceso, no respeta la presunción de inocencia, a la prohibición de culpabilidad objetiva, ni a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Es necesario hacer ver que se han denunciado más de 160 casos de diversos delitos relativos a la corrupción que sucedieron en la época de los gobiernos neoliberales de ARENA, pero debido a que el fiscal tiene una agenda propia, no ha judicializado dichos casos e incluso ha perdido juicios importantes como el caso CEL-ENEL.

En cambio, se han tratado de judicializar casos que no están sustentados con material probatorio, en los cuales se han utilizado a los medios de comunicación para crear un clima desfavorable al gobierno, asimismo se han difundido una serie de rumores y escándalos relacionados con la vida privada de políticos para deslegitimar al único partido de izquierda en El Salador: el FMLN.

La Sala de lo Constitucional actuó en base a una agenda política realizando un verdadero boicot contra las finanzas públicas para crear apuros al Gobierno, para frenar los programas sociales y para obligar al Gobierno a tomar medidas impopulares como el recorte a los subsidios o la reforma de las pensiones. Estos son los casos más emblemáticos de la judicialización de la política y la politización del judicial en El Salvador.

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