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Por David Alfaro
29/05/2025
El discurso oficial del Bukelismo celebra un aparente «éxito rotundo» en materia de seguridad, según la última encuesta de CID-Gallup. Las cifras de homicidios han bajado y las calles se perciben más tranquilas. Sin embargo, tras la fachada de orden y control se esconde un costo humano que no puede ignorarse.
Más de 8,000 personas han desaparecido. La lógica es cínica para bajar cifras de homicidios: “sin cuerpos, no hay delito”, tal como ordenó el director del Tejido Social, Carlos Marroquín, a las pandillas, y con el aval de Bukele.
A esto se suman más de 90,000 civiles detenidos, desde hace tres años, sin juicio ni proceso formal, en una estrategia que ha convertido la prisión preventiva en castigo sin veredicto.
El Plan Control Territorial drenó más de 1,000 millones de dólares, mientras se liberaba a líderes de la MS-13 y Barrio 18. Algunos mandos medios y bajos de estas pandillas disfrutan de condiciones carcelarias preferenciales en el CECOT, mientras otros reclusos en cárceles comunes —incluidas mujeres— son víctimas de abusos, torturas, violaciones y asesinatos.
A esto se añade un negocio oculto: la extorsión a miles de familias, obligadas a enviar paquetes carcelarios, generando un ingreso estimado en 130 millones de dólares anuales para quienes controlan este sistema paralelo.
Los informes de al menos 418 muertes bajo custodia, por torturas o negligencia médica, muestran que este modelo no solo castiga sin juzgar, sino que también mata sin rendir cuentas. Y peor aún, existe un número desconocido de cuerpos de reos desaparecidos, posiblemente enterrados en fosas comunes, sin nombre ni registro.
La pregunta sigue siendo urgente y necesaria: ¿Qué valor tiene la seguridad, si se construye sobre la injusticia, la extorsión, la impunidad, el asesinato y el sufrimiento de miles de familias?
