Redacción Nacionales
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El economista Rafael Lemus advierte que el aumento de la deuda pública, el elevado pago de intereses y la persistencia de la pobreza extrema están generando una presión creciente sobre las finanzas públicas y sobre las condiciones de vida de la población. El economista afirmó que el “progreso y el desarrollo” solo está ocurriendo en dos departamentos, en los doce restantes ha crecido la pobreza extrema.
Lemus dijo que debería generar mucha preocupación en el país el crecimiento de la deuda pública, el incremento del pago de intereses, el uso de recursos públicos en operaciones vinculadas al bitcoin y la pobreza que presenta importantes desigualdades territoriales.
Durante su participación en el programa Encuentro con Julio Villagrán, el especialista analizó el reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno salvadoreño y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de abordar el desempeño de la billetera Chivo, la deuda relacionada con las pensiones y la evolución de los niveles de pobreza.
El FMI y las condiciones pendientes
El economista explicó que el acuerdo técnico con el FMI contempla las revisiones segunda y tercera del programa de 40 meses y que El Salvador podría recibir aproximadamente $140 millones, una vez cumplidas las condiciones previas y después de la aprobación del directorio ejecutivo del organismo. Explicó que el acuerdo alcanzado por el personal técnico está sujeto al cumplimiento de condiciones previas y a la posterior aprobación del directorio del FMI.
Lemus llamó la atención sobre el hecho de que el monto anunciado es menor al que originalmente estaba contemplado en la programación correspondiente a las revisiones. A su juicio, esto podría reflejar que el cumplimiento de las metas del programa no ha sido completamente satisfactorio.
Además, recordó que el programa con el FMI no se limita a los aspectos fiscales. También incorpora compromisos relacionados con bitcoin y con el fortalecimiento de la institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
En ese sentido, cuestionó la falta de información pública sobre determinadas operaciones financieras y señaló que durante los últimos años se han debilitado mecanismos institucionales relacionados con el acceso a la información y la disciplina fiscal.
Bitcoin y la billetera Chivo
El economista sostuvo que los fondos públicos deberían administrarse bajo criterios de prudencia y no exponerse a activos cuya cotización puede experimentar fuertes variaciones.
Lemus recordó que desde la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, en 2021, organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial han expresado reparos sobre el uso de fondos estatales en este tipo de operaciones.
Lemus señaló además que las posteriores modificaciones a la legislación redujeron significativamente el papel del bitcoin dentro de las operaciones cotidianas, incluida la posibilidad de utilizarlo para el pago de impuestos.
Sin embargo, sostuvo que permanecen dos elementos importantes: la billetera Chivo y los bitcoins adquiridos por el Estado. En su opinión, el Gobierno debería presentar auditorías y rendir cuentas sobre los recursos utilizados en el proyecto. El acuerdo con el FMI contempla que la propiedad y el control operativo de la billetera electrónica gubernamental fueron transferidos a un operador privado.
Para Lemus es necesario conocer con mayor claridad las condiciones de esa transferencia y el destino de los recursos utilizados anteriormente para desarrollar la infraestructura.
Una deuda que eleva el pago de intereses
Otro de los puntos del análisis fue el crecimiento de la deuda pública. Lemus sostuvo que, cuando inició la actual administración, la deuda representaba aproximadamente 70 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que actualmente ronda el 90 %.
El problema, explicó, no radica únicamente en cuánto ha crecido la deuda, sino también los intereses.
De acuerdo con la gráfica presentada durante la entrevista, el pago de intereses podría aumentar considerablemente durante los próximos años. Lemus señaló que el gasto por intereses pasaría de niveles cercanos a los 2,400 millones de dólares a montos que podrían aproximarse a los 3,000 millones en los años siguientes.
El economista cuestionó que una proporción creciente de los recursos públicos tenga que destinarse al servicio de la deuda, debido a que ese dinero deja de estar disponible para áreas como educación, salud y otros servicios públicos.
El costo de la deuda de pensiones
Lemus también se refirió a la deuda vinculada al sistema de pensiones y cuestionó el tratamiento que han recibido los recursos de los trabajadores. Según su explicación, durante cuatro años se ha dejado de pagar intereses asociados a la deuda de pensiones, mientras el Estado mantuvo sus compromisos de pago con bancos e inversionistas internacionales.
Para el economista, esta situación plantea un problema de fondo: el Estado debe garantizar la sostenibilidad futura de las pensiones, pero al mismo tiempo enfrenta una creciente presión financiera.
Advirtió que el uso de los ahorros de los trabajadores para financiar las necesidades del Estado representa un riesgo que debe ser observado con atención, especialmente si el endeudamiento continúa aumentando.
La pobreza extrema
Según los datos mostrados durante la entrevista, la pobreza total se mantiene relativamente estable en los últimos años, mientras que la pobreza extrema presenta un comportamiento preocupante en determinados territorios.
Lemus recordó que el último gobierno del FMLN la pobreza extrema bajó a 4.5 %, pero en los siete años de Nayib Bukele ha aumentado a 7.7 % y explicó que una persona puede superar la línea de pobreza extrema y continuar siendo pobre, porque sus ingresos alcanzan para cubrir los alimentos, pero no necesariamente otros gastos como vivienda, transporte, salud o educación.
Según los datos, la pobreza total aumentó en 150 mil personas, mientras que la extrema en 50 mil.

Uno de los casos señalados fue el departamento de Cabañas. Lemus afirmó que la pobreza extrema habría aumentado de manera significativa en ese territorio al comparar los datos de 2019 con los de 2025.
También mencionó situaciones preocupantes en departamentos como Chalatenango, Morazán y Ahuachapán, mientras que San Salvador y La Libertad presentan mejores resultados en materia de reducción de pobreza, y por ende desarrollo y progreso.
Para Lemus, esta diferencia evidencia que el Gobierno solo está invirtiendo en San Salvador y La Libertad. En estos se experimentan inversiones en construcción, turismo y comercio, otros departamentos continúan enfrentando condiciones de pobreza extrema, debido a la eliminación del FODES a las alcaldías, que eran las que invertían en proyectos en los municipios y contribuían al desarrollo local.
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