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La diputada opositora, Marcela Villatoro, no solo hizo las preguntas correctas, sino que se encargó de poner en evidencia el cinismo, la ineptitud y el servilismo de la actual procuradora de los derechos humanos, Raquel Caballero, quien se ha postulado por un tercer periodo.
¿Qué acciones concretas está realizando la Procuraduría para documentar, investigar y dar seguimiento a las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia estatal que se han reportado en el marco del régimen de excepción? ¿Qué está haciendo con respecto a las personas que ya tienen carta de libertad porque ha sido demostrado que no son personas que pertenecen a las pandillas y que no se les ha dado la liberación por parte de centros penales?, cuestionó la diputada Villatoro en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
La procuradora, lamentablemente, contestó con cinismo, al negar, por ejemplo, que no ha recibido denuncias de torturas de reos en las cárceles.
“Así como lo informé al Comité Contra la Tortura en este periodo, no he recibido ni un solo caso de tortura que haya sido denunciado en la institución que presida. Me reuní también con algunos organismos de la sociedad civil que me dijeron que tenían casos concretos, números de personas, nombres de personas y todo. Cuando les pedí la información pues no la aportaron”, respondió la procuradora a la diputada Villatoro.
Esta respuesta, además de falsa, raya en el cinismo, pues de todos es conocido las múltiples denuncias de torturas en los centros penales, que incluso, muchos terminaron en muertes.
Por cierto, la procuradora no se refirió a los más de 450 muertos en los Centros Penales, la mayoría en uno de los penales de Izalco, y que, de acuerdo con familiares, los cuerpos de los fallecidos presentaban señales de violencia. Esto ha sido documentado por organismo defensores de los Derechos Humanos como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la fundación CRISTOSAL, entre otras.
Tanto los representantes del SJH como de UNIDEHC, desde el exilio, desmintieron a la Procuradora Raquel Caballero, al afirmar que sus respectivas organizaciones han presentado centenares de denuncias de violaciones de derechos humanos en los centros penales, incluso, casos de torturas.
Las mismas organizaciones han presentado esas denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ante la falta de respuesta en El Salvador.
En las movilizaciones que hace MOVIR, centenares de madres de familia, principalmente, preguntan dónde está su hijo, si está muerto o vivo, o cuál es su estado de salud.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han registrado que los familiares se dan cuenta que su familiar privado de libertad ha muerto, hasta que los de la funeraria llegan a ofrecer el servicio funerario.
La procuradora mintió cuando afirmó que: “Nosotros hemos hecho las gestiones institucionales a nivel nacional directamente con la Dirección General de Centros Penales que hemos tenido realmente bastante apertura para dar a conocer cuál es la situación de las personas privadas de libertad”, dado que las organizaciones han denunciado a menudo desconocer el paradero y estado de salud de su familiar, y estas mismas han exigido a la procuraduría que investigue los casos, lo cual no ha hecho.
Desde que se instauró el Régimen de Excepción, la Procuraduría de los Derechos Humanos debió estar al servicio de los familiares de los detenidos, para informar sobre su condición de salud y judicial, dado que, por la misma ley, ni los abogados han podido ver a sus clientes.
Y dado que la PDDH “tiene la función de proteger, promover y educar sobre los derechos humanos, actuando como un órgano independiente dentro del Ministerio Público”, según la Constitución, era deber de la Procuraduría cumplir este mandato, y no portarse como cómplice del ejecutivo.
La PDDH, al igual que otras instituciones, fue producto del Acuerdo de Paz, que puso fin al conflicto armado, que tenía como finalidad evitar que el Estado cometiera en el futuro violaciones a los derechos humanos como se cometían durante la dictadura militar. Lamentablemente, la PDDH, con funcionarias como Raquel Caballero, prácticamente se ha vuelto cómplice de esas violaciones.
