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El caso Flores revela mecanismos usados por ARENA para desviar fondos públicos

Mirna Jiménez
Diario Co Latino

Acriterio del expresidente Mauricio Funes, remedy lo más importante que se logró este jueves en el caso contra el expresidente Francisco Flores es que han quedado develados los mecanismo que ha estado utilizando el partido ARENA para desviar fondos públicos a manos de privados.

Aún cuando el partido de derecha ha mantenido una campaña, seek acompañada por algunos medios de comunicación, donde afirman que el proceso contra Flores se trata de una persecución política, lo que ha sucedido era lo que el expresidente Funes esperaba de parte del juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Arguello.

“A mí no me sorprende la resolución, pues fue el juez García, quien, una vez tomó bajo su responsabilidad el caso, le dio un giro importante al punto de agregar el delito de lavado”, explicó Funes ayer durante su programa Sin Censura, transmitido en radio La Chévere.

Flores ha sido acusado de desviar $10 millones enviados por Taiwán para cuatro proyectos sociales, y que en esa operación de desvío fue utilizada una trama que incluyó una sucursal del Banco Cuscatlán, con sede en Costa Rica, y que luego esos cheques endosados con el nombre del exmandatario de ARENA, fueron depositados en una cuenta a nombre del Centro de Estudios Políticos (CEP) “Dr. Antonio Rodríguez Porth”.

Luego, este dinero fue transferido a una cuenta especial del COENA, la máxima estructura dirigencial del partido ARENA. Según el juez García Arguello, también hubo maniobras para ocultar el origen de parte de esos fondos y aparentar de que provenía de fuentes legales.

Funes recordó que estos desvíos de fondos se hicieron con la complicidad del entonces Banco Cuscatlán, tanto en la sede de El Salvador como en su filial en Costa Rica y también de miembros de respetables familias empresariales del país, además de participar el CEP, estrechamente ligado al partido ARENA.

Explicitó el exmandatario que para llevar a cabo esta operación de aparente lavado de dinero, según el juez, fueron utilizados colaboradores del fallecido expresidente del Banco Cuscatlán Mauricio Samayoa, empresario vinculado al expresidente Alfredo Cristiani en la privatización de la banca.

Añadió el exjefe de Gobierno que Samayoa fue también presidente de ABANSA (Asociación Bancaria Salvadoreña) y una prominente figura en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de ese entonces. Para Funes también hay que recordar que otro de los nombres mencionados en este caso es el de Gerardo Balzaretti Kriete, quien fue presidente del Centro de Estudios Políticos (CEP) “Dr. Antonio Rodríguez Porth”.

“La resolución despeja el camino para conocer en realidad quiénes fueron los destinatarios de los fondos desviados. No hay que pasar por alto que al desviar este dinero tuvo que participar una serie de personas vinculadas al banco en cuestión (Cuscatlán),  como hombres de negocios de la época, algunos de los cuales hoy defienden en forma asolapada al presidente Flores”, afirmó Funes.

El exmandatario dijo que habría que preguntarse qué otros dineros o fortunas pudieron haberse lavado de esa misma forma en esos años. Pero cuestionó, además, la defensa férrea que hacen a favor de Flores sectores de derecha ligados al gran capital económico del país.

“Con toda esta evidencia, cómo es posible que dirigentes y diputados de ARENA, así como columnistas de periódicos y el propio director propietario del Diario de Hoy continúen asegurando que este caso no pasa de ser un caso de persecución política fraguado por el gobierno anterior para denigrar la imagen del principal partido de oposición?”, se preguntó Funes. “La institucionalidad de nuestro país está sometida a prueba y este es un caso que demuestra que las instituciones funcionan. Vean la resolución del juez García, en mi opinión (la institucionalidad) funciona: La fiscalía investigó, la parte querellante aportó elementos de juicio, el juez ordenó diligencia y finalmente da su resolución. Que hay fuerzas oscuras que distorsionan el funcionamiento de las instituciones, hay”, argumentó Funes.

El exjefe de Estado ha insistido que el país no necesita una comisión internacional para perseguir la impunidad y la corrupción, como lo exigen sectores en su mayoría de derecha y que en realidad lo que se necesita es que las instituciones de justicia funcionen, porque de nada serviría una CICIES si la justicia es controlada por grupos empresariales con poder.

Administración Proba

Además, el presidente del período 2009-2014 se defendió de acusaciones sobre supuestos manejos irregulares de fondos en proyectos del Estado durante su administración y aseguró que hay sectores que andan buscando hasta debajo de las piedras con tal de atribuirle  irregularidades en su patrimonio.

“Sencillamente yo llevé a cabo una administración que puedo demostrar que fue proba y no me cabe duda que me andan pisando los talones y andan buscando hasta debajo de las piedras y por eso es que algunas veces, o en la mayoría de las veces, se han metido en mi vida privada porque justamente no me encuentran nada en mi situación patrimonial”, afirmó.

Funes afirmó que los ataques hacia su persona son en respuesta a las denuncias que él hizo contra exfuncionarios de ARENA, como el expresidente Flores, cuando llegó al Gobierno en 2009.

“Lo que sí estoy seguro es que no me perdonan es el hecho de haber denunciado este caso (Flores); en ese momento por supuesta corrupción, y haberle pedido a la fiscalía que abriera un expediente para elevarlo a la fase de instrucción, de tal manera que este caso no quede en la impunidad”, manifestó.

Funes dijo que no puede vaticinar cómo terminará el juicio, pero que al menos este jueves el juez tenía dos caminos “o sobreseía de manera definitiva a Flores porque a su juicio no habían evidencia, o acusarlo de peculado, lavado de dinero, desobediencia y elevarlo a sentencia”.

Sobre la posibilidad de que los fondos robados puedan recuperarse para beneficiar a la gente a la que venían destinados, Funes dijo que queda en manos del juez del caso dicha medida. “Me imagino que el juez dictará algún mecanismo que permita la recuperación de esos recursos”, señaló.

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