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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Estamos trabajando en una propuesta de ley que tiene dos puntos que no son negociables sobre este bien natural, lo primero es gobernanza pública y segundo, ningún elemento privatizador”, manifestó Guillermo Navarro, integrante del Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos”, al anunciar que presentarán ante la Asamblea Legislativa un nuevo anteproyecto de ley.
“Hay que decir que las diversas propuestas que desde el 2006 se han presentado tienen como característica una amplia participación ciudadana que desde los territorios se van construyendo a diferencia de alguna propuesta del Comisionado del Agua (Frederick Benítez) que está consultando a organismos multilaterales”, manifestó Navarro.
El Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos” se pronunció ante la decisión de la nueva legislatura (2021-2024) de mandar todos los expedientes al archivo, incluyendo el anteproyecto de la Ley General de Aguas y Saneamiento, en una país en “Crisis Hídrica” en donde los caudales de las fuentes de agua están amenazadas por la contaminación, la depredación del las cuencas hidrográficas y la ausencia de regulación en el uso del agua.
Elsa Marina Villegas -integrante de el Colectivo Socio Ambiental y la Red de Consumidores- explicó que la complejidad se centra en el abastecimiento, cantidad y calidad del agua. Un tema de nación al que ya no pueden dar largas para legislar sobre su regulación, restauración y su reconocimiento como derecho humano.
“Como todo salvadoreño sabemos y conocemos toda la problemática del servicio de agua y este servicio en todo el país, no importa que hayan municipios con agua, si no se puede llevar a esos hogares y representa un problema. Sabemos de comunidades que deben abastecerse una vez a la semana y en la madrugada; otros sufren la baja calidad del agua porque llega sucia, con heces fecales y otros deben comprar agua embotellada, reduciendo sus bolsillos y engrandeciendo el de otros con la venta del agua”, expresó. El Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos” señaló que la propuesta que presenten dentro de unos meses se convierta en una base para la discusión de la nueva Ley General de Aguas y Saneamiento, que discutirá la nueva legislatura. Así como también retome la consulta o participación de las comunidades y la sociedad civil organizada, Iglesia católica y academia.
Nelson Martínez, del Colectivo Socio Ambiental, informó que cuentan ya con un avance en la propuesta que presentarán sobre la Ley General de Aguas. Martínez destacó que uno de los aspectos importantes del contenido son las disposiciones para garantizar la universalidad del acceso al agua, por sus características de bien público y derecho humano reconocido por la ONU.
“Queremos que garantice también una gobernanza y buena gestión que se logra con una amplia participación de los sectores de la sociedad civil, y que permita también tener el control de parte de la población que son los más afectados que están en las comunidades vulnerables. También, se deberá fortalecer la institucionalidad del Estado en la gestión del recurso hídrico y sin margen a la privatización”, manifestó.
Sobre los “asocio público-privado” que se ha vendido con la idea que son marcos normativos para desarrollar proyectos de infraestructura o provisión de servicios públicos para la población y sin privatizar, Martínez descartó este mecanismo para aplicarlo al bien natural del agua, porque no daba certeza de un acceso equitativo a todas la población.
“Según el Reglamento de la Asamblea Legislativa, cuando mandan a archivo un anteproyecto son seis meses de espera para presentar otro, y esperamos que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático tenga a bien darle apertura a todos los sectores de la sociedad civil para que conozcan nuestra propuesta que también vamos a presentar y que tomen en cuenta, todo el antecedente que ha habido sobre la Ley General de Aguas y Saneamiento”. “Lo importante que tenemos que señalar es que llevamos quince años sin esta ley, cuando es importante avanzar y el país ya no puede darse el lujo de no contar con un marco normativo a fin que garantice este derecho a las comunidades más vulnerables”, puntualizó.
