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@RosmeriAlfaro
El aborto es un tema que, hospital según algunas personas, debe ser analizado a fondo y con responsabilidad, pero del que nadie quiere hablar.
Hasta antes de 1998 era permitido el aborto terapéutico, es decir, el procedimiento médico que se realizaba para guardar la vida de la mujer, o que se realizaba por malformaciones en el feto o por violaciones o abusos sexuales.
Algunas instituciones consideran que deben estudiarse los casos de las mujeres para permitir el aborto terapéutico; cuando hay malformaciones en el feto que puedan causar la muerte al momento de nacer, en casos de violaciones, estupro o si la vida está en grave peligro por el embarazo.
La Organización por defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional, en su informe denominado “Al Borde de la Muerte, Violencia Contra las Mujeres y Prohibición del Aborto en El Salvador”, realizado durante los años 2012, 2013 y 2014, establece que a pesar que en las últimas décadas el país ha tenido avances en materia de derechos humanos, las mujeres y niñas enfrentan obstáculos para la completa realización de sus derechos humanos, en particular sus derechos sexuales y reproductivos.
Según el informe, debido a las restrictivas leyes del país, las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden pasar entre dos y ocho años en la cárcel.
Asimismo, el informe indica que es preocupante que exista discriminación por parte de las entidades de justicia judicial, hacia las mujeres que son víctimas de violencia, los cuales son generados por estereotipos de género o creencias religiosas por parte de algunos jueces impiden que las mujeres tengan un pleno acceso a la justicia.
En El Salvador, una de las instituciones que están a favor del aborto es la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico.
Esta organización no gubernamental se encarga de apoyar a las mujeres que sufren emergencias obstétricas y que luego son encarceladas debido a la prohibición total del aborto. La institución argumenta que en algunos casos las mujeres sufren múltiples violaciones a las garantías judiciales y al debido proceso, incluyendo la no lectura por parte de la policía de sus derechos durante las interrogaciones y la negación del derecho que les asistía de apelar los casos de detención injusta.
“Por más de 16 años, El Salvador ha criminalizado de manera absoluta el aborto – inclusive en casos en los que el procedimiento es necesario para salvaguardar la vida de la mujer – imponiendo penas desproporcionadas a las mujeres y a los médicos. La prohibición absoluta ha resultado en el encarcelamiento injusto de un sin número de mujeres que han sufrido complicaciones en el embarazo, que luego son juzgadas por el delito de homicidio”, detalla la organización en una de sus redes sociales.
En diciembre de 2014, la coalición de ONGs liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos, lanzó la campaña de “Las 17” para hacer un llamado para la liberación de 17 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, y fueron juzgadas por aborto y sentenciadas por homicidio.
Este año, la institución, junto a la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, realizarán una cena solidaria denominada “El 17 solidario con las 17 y más”, una cena cultural con el fin de hacer conciencia de la realidad que viven las mujeres que sufren abortos y a la vez, recaudar fondos para continuar brindando apoyo a las mujeres criminalizadas por la penalización del aborto en El Salvador y a sus familias.
“Las consecuencias de la penalización del aborto en El Salvador es un fenómeno que afecta directa y exclusivamente a las mujeres en condiciones de pobreza. A mujeres que están en situaciones de alta vulnerabilidad de sus derechos humanos y que no tienen acceso a otros servicios que no sean los públicos”, expresa Mónica Rivera, Encargada de recaudación de fondos.
