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Saúl Méndez
Colaborador
La economista especialista en políticas públicas y de cuidados con equidad de género, Carolina Vásquez, advirtió que las medidas de ajuste fiscal en El Salvador podrían profundizar las desigualdades económicas y sociales, especialmente para las personas de menores ingresos y las mujeres, debido a la reducción de los servicios públicos y al incremento de las responsabilidades de cuidado en los hogares.
Vásquez cuestionó las exenciones fiscales otorgadas a inversionistas que destinan más de $20 millones al país, quienes pueden acceder a beneficios que los eximen del pago del impuesto sobre la renta. En contraste, afirmó que los pequeños negocios, los trabajadores por cuenta propia y los profesionales independientes deben asumir sus obligaciones tributarias desde el inicio de sus actividades.
“Este ajuste fiscal viene a presionar aún más a quienes ya pagamos impuestos, a quienes tenemos pequeños negocios de subsistencia y a quienes trabajamos por cuenta propia”, expresó la economista, quien también señaló que el Gobierno se ha comprometido a ampliar la base tributaria durante los próximos tres años.
La especialista sostuvo que, además de aumentar los ingresos fiscales, la reducción del déficit debe considerar la composición del gasto público y garantizar la protección de los servicios sociales prioritarios, en línea con los planteamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Vásquez afirmó que los créditos destinados al sector salud no estarían fortaleciendo el sistema público de salud y cuestionó la incorporación de modelos de gestión privada. Como ejemplo, mencionó el Hospital Rosales, cuya administración pasó a la Dirección Nacional de Hospitales, y afirmó que el nuevo esquema representa mayores costos que el modelo anterior.
También se refirió a Doctor SV, la plataforma de telemedicina que utiliza inteligencia artificial para facilitar el acceso a consultas médicas. Según explicó, el FMI reconoce su potencial para ampliar la cobertura de la atención primaria, pero también plantea la necesidad de evaluar sus costos, eficiencia e impacto.
De acuerdo con las cifras del organismo internacional citadas por la economista, durante la prueba piloto se realizaron 260,000 consultas y el 86 % de los usuarios calificó positivamente el servicio. Sin embargo, Vásquez indicó que el costo de la plataforma asciende a $10 millones mensuales, por lo que consideró necesario examinar su sostenibilidad financiera y compararlo con los recursos requeridos para fortalecer la atención primaria presencial.
La especialista también manifestó preocupación por la posibilidad de establecer copagos para los usuarios. Según explicó, el informe del FMI plantea que la cobertura totalmente subsidiada debería concentrarse en las poblaciones vulnerables y que podría implementarse un esquema progresivo de copagos para los demás usuarios.
Esto podría significar que una parte de la población tenga que pagar por servicios que actualmente recibe de forma subsidiada, lo que generaría nuevas barreras económicas para acceder a la atención médica.
Asimismo, advirtió que la sustitución progresiva de los servicios presenciales por modalidades virtuales podría excluir a personas adultas mayores, personas con discapacidad y hogares sin acceso adecuado a internet o teléfonos inteligentes.
Por ello, insistió en la importancia de evaluar si el modelo de telemedicina reduce efectivamente los costos del sistema y amplía el acceso a la salud, sin incrementar el endeudamiento ni limitar la cobertura de los sectores con mayores necesidades.
En educación, Vásquez llamó a vigilar el destino de los recursos destinados a la modernización tecnológica de los centros escolares, ya que según el informe del FMI, se contempla continuar durante los próximos 18 meses con proyectos orientados a mejorar la infraestructura educativa e incorporar más tecnología para los docentes.
Entre las iniciativas mencionó un programa piloto de tutores basados en inteligencia artificial implementado en 171 escuelas públicas, cuya ampliación está prevista.
La economista consideró que la incorporación de estas herramientas debe acompañarse de una evaluación de sus resultados y de las condiciones materiales de los centros educativos, incluidos la disponibilidad de docentes y personal de apoyo, la infraestructura, los equipos y la conectividad.
También subrayó la necesidad de considerar las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, así como las consecuencias que podrían tener estas políticas en un contexto marcado, según indicó, por el cierre de más de 200 escuelas durante el año anterior.
Para Vásquez, la evaluación debe determinar si el uso de inteligencia artificial contribuye a mejorar los aprendizajes y reducir las brechas educativas, en lugar de limitarse a medir la incorporación de nuevas tecnologías. Además, expresó preocupación por un posible desplazamiento de docentes y personal educativo en un contexto de reducción de plazas laborales.
Vásquez advirtió que los cambios en la prestación de los servicios públicos, junto con los despidos y la reducción de los ingresos familiares, pueden afectar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, particularmente a las mujeres.
Explicó que cuando disminuye la disponibilidad de servicios públicos de salud, educación y atención social, las familias deben asumir tareas que antes podían resolverse mediante esos servicios. Esa responsabilidad recae principalmente en las mujeres, quienes suelen encargarse del cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores y otros familiares que requieren asistencia.
“Cuando se disminuye la disponibilidad de servicios públicos, ¿quién absorbe el trabajo adicional de cuidar niños, niñas y personas mayores? Somos las mujeres”, concluyó.
