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Quito/Prensa Latina
Por Adriana Robreño
Corresponsal jefa en Ecuador
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, completa este 24 de mayo dos años en el poder y pronto dirá adiós al cargo en medio de turbulencias políticas, inseguridad, escándalos de corrupción y críticas por sus medidas neoliberales.
El banquero conservador llegó al Palacio de Carondelet con el 52 por ciento de los votos frente a su adversario de izquierda, Andrés Arauz, y fue elegido a pesar de promover un programa económico neoliberal con la promesa de una campaña de vacunación contra la Covid-19.
Tras haber disfrutado altas tasas de aprobación debido a la inmunización, su Gobierno comenzó a ir cuesta abajo, con un descenso de la popularidad como consecuencia de los problemas que afectan a la ciudadanía y los enfrentamientos con el legislativo, dominado por la oposición.
El más reciente episodio de la crisis política tuvo lugar el pasado 17 de mayo, cuando el mandatario decidió disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) con un proceso conocido como «muerte cruzada», bajo el argumento de que existía en el país una «grave conmoción interna».
Con ese mecanismo, introducido en la Constitución de 2008 y nunca utilizado hasta ahora, el gobernante puso fin al mandato de los asambleístas y pidió convocar a elecciones generales anticipadas.
MUERTE CRUZADA, DECISIÓN INÉDITA
Para el historiador Juan Paz y Miño, la decisión de Lasso de decretar la muerte cruzada muestra el fracaso del único presidente en 40 años de historia democrática en estar a punto de ser destituido por un juicio político, acusado de peculado.
En conversación con Prensa Latina, el analista comentó que la medida también evidencia la derrota del modelo económico promovido por neoliberales y empresarios que creían que administrar el Estado es como ser un gerente de banco o de una empresa.
Se demuestra una vez más que este tipo de gobiernos empresariales no tienen las soluciones debidas para el bienestar y el desarrollo de los pueblos, afirmó Paz y Miño.
A su vez, consideró la muerte cruzada como una oportunidad para que mediante las elecciones presidenciales y legislativas, convocadas de forma anticipada, se reordenen las fuerzas del país.
El sociólogo Agustín Burbano coincide en que, si bien ese recurso fue utilizado de forma fraudulenta para librarse del juicio político y conseguir unos meses más en la silla presidencial, es esperanzador.
Saber que en tres meses elegiremos a la Asamblea Nacional y un nuevo presidente le da cierta paz a la sociedad y la esperanza de que el actual momento político se va a resolver por la vía electoral, aseveró Burbano en diálogo con esta agencia.
GOBERNAR PARA LAS ÉLITES
El mandatario, de 67 años, presentará a la nación un informe de labores al cumplir dos años como jefe del Ejecutivo, un discurso donde resaltará lo que considera logros de su Gobierno.
En ese momento suele hacerse una especie de recuento de obras, pero no hay nada, enfatizó Paz y Miño para quien la principal herencia que dejará Lasso es la economía del privilegio y haber favorecido a la élite más rica de Ecuador, que polarizó la sociedad.
Si uno examina todos los índices sociales, vemos que desde 2017 en Ecuador hay cada vez más problemas, manifestó el historiador.
Apuntó que aparentemente todo funciona bien, con estabilidad en cuanto al presupuesto, los ingresos y egresos, al tiempo que el presidente se enorgullece de tener la menor inflación de América Latina, aunque con una economía dolarizada.
Sin embargo, todos los índices sociales están caídos y a eso se suma el problema de la inseguridad, enfatizó el analista, que catalogó el legado de Lasso como de “desastre social”.
Reconoció que será difícil superar esas dificultades y llamó a los líderes políticos que asumirán próximamente a empuñar una fuerte bandera de coherencia y consolidación de un proyecto de transformación social y económica para Ecuador.
VIOLENCIA E INSEGURIDAD
El problema de la seguridad en el país se agudizó durante la presidencia de Lasso, con cada vez más frecuentes robos, asesinatos, secuestros, motines carcelarios, extorsiones y otros crímenes.
Varias cárceles del país han sido escenario de masacres entre prisioneros y ya ascienden a más de 400 los reos muertos en las penitenciarías, es decir, bajo la custodia del Estado.
La ola de violencia en las calles genera temor en la población, afecta el comercio y el turismo, mientras las bandas criminales se disputan el control del tráfico de drogas en rutas hacia Estados Unidos y Europa. Para responder al problema, en más de 15 ocasiones el jefe del Ejecutivo decretó estado de excepción, aumentó la presencia de las Fuerzas Armadas en las acciones contra la delincuencia en diferentes provincias, pero la tasa de muertes violentas en el país sigue en aumento.
Expertos en la materia y la ciudadanía advierten de la necesidad de inversiones tanto para fortalecer a las fuerzas públicas de seguridad, como para fomentar el desarrollo social y acabar con el mal de raíz.
ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN Y LA HERENCIA DEL BANQUERO En los últimos dos años el gobernante saliente fue acusado en varias ocasiones por sus vínculos con casos de corrupción.
Su nombre apareció en 2021 en el internacionalmente conocido como Pandora Papers, investigación donde lo acusaban de tener activos ocultos en paraísos fiscales, algo que prohíbe la legislación ecuatoriana para funcionarios públicos.
A eso se suma el delito de peculado (malversación) por el cual fue sometido a un juicio político en la Asamblea, proceso que él mismo dejó inconcluso debido al temor a la destitución ante las acusaciones de no evitar los perjuicios para el Estado de un contrato de transporte petrolero con irregularidades.
También salpicaron a Lasso los presuntos nexos con el narcotráfico, en particular con la mafia albanesa, a través de su cuñado, Danilo Carrera, conocido como El Gran Padrino.
El mandatario también confrontó la tensión social con las movilizaciones de diversos sectores, como los indígenas, que impulsaron un histórico paro nacional de 18 días en junio de 2022 en contra de medidas económicas de corte neoliberal.
En ese momento el parlamento impulsó un proceso de destitución del gobernante por la grave crisis política y conmoción interna, pero no hubo suficientes votos y se mantuvo en el poder.
El diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas establecido tras las protestas terminó con más de 200 acuerdos, y la mayoría de ellos quedaron en el papel.
El rechazo popular al gobernante supera el 80 por ciento, según encuestas de mayo de 2023, y muchos califican a Lasso como el peor presidente de la historia del país por los problemas palpables en la cotidianeidad de la mayoría.
Aunque el Ejecutivo asegura que la tasa de desempleo bajó durante estos dos años, la crisis económica y el empleo informal son hoy una realidad.
Conjuntamente con la inseguridad, la falta de oportunidades laborales conlleva cada día a miles de ecuatorianos a utilizar rutas peligrosas para abandonar el país, que vive una crisis migratoria.
En resumen, Lasso cumple dos años de mandato, pero apenas le quedan seis meses de Gobierno en los cuales ya analistas y organizaciones sociales advierten que profundizará el neoliberalismo con los decretos leyes anunciados.
Entretanto, la mirada está puesta ahora más que en el actual jefe del Ejecutivo, en su reemplazo, que deberá recuperar la nación ante el desastre social que el banquero deja como herencia.
