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Por Leonel Herrera*
Representantes de los partidos políticos de oposición han pedido la nulidad de las recientes elecciones presidenciales y legislativas que culminaron en un escandaloso fraude electoral al mejor estilo del “llenado de urnas” de los gobiernos oligárquico-militares de los años sesenta y setenta del siglo pasado.
Es obvio que dicha moción no tiene ninguna posibilidad de prosperar debido a la ausencia de institucionalidad y al sometimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los designios del oficialismo; sin embargo, es importante presentarla para dejar en el registro de la historia la protesta contra este proceso innecesariamente fraudulento y sus resultados que son poco o nada confiables.
En este sentido, planteo doce razones por las cuales en un país mínimamente decente y respetuoso de la legalidad los comicios del pasado 4 de febrero serían revertidos. Lo hago basado en publicaciones periodísticas, denuncias de organizaciones de la sociedad civil y pronunciamientos de misiones de observación internacional que confirman las irregularidades señaladas a continuación.
- Injerencia descarada del partido oficial en el proceso electoral. Muchos miembros y miembras de las juntas receptoras de votos designados del TSE fueron sustituidos ilegalmente por activistas de Nuevas Ideas (NI) y los pocos que quedaron también obedecían órdenes e instrucciones de representantes del partido gobernante.
Esta sucia maniobra oficialista inició desde antes de las elecciones mediante la colocación de personeros del oficialismo en posiciones operativas estratégicas al interior del TSE y se complementó con la inoperancia, el entreguismo y la sumisión de la mayoría de magistrados propietarios a los intereses gobiernistas.
- Campaña oficialista e inducción al voto en los centros de votación y violación del silencio electoral por el propio Nayib Bukele. El presidente que compitió inconstitucionalmente por la reelección en el cargo montó una conferencia de prensa en plena jornada electoral en la que llamó a votar por él y sus candidatos a diputados.
- Difusión de encuesta y proclamación victoriosa de Bukele antes que el TSE publicara datos preliminares. La secretaría de prensa de Casa Presidencial difundió resultados de un sondeo a boca de urna realizado por la encuestadora CID-Gallup y poco después el presidente se declaró ganador con el 85% de los votos.
Desde el balcón del Palacio Nacional el gobernante autócrata también afirmó que su partido había ganado “al menos 58 de las 60 diputaciones”. Este hecho fue el detonante de las vergonzosas irregularidades que vinieron después, ya que el TSE asumió como una orden el referido anuncio presidencial.
- “Caídas” del sistema y duplicación de votos de los datos preliminares. La desesperación por cumplir el deseo autoritario de Bukele hizo colapsar al sistema de registro y transmisión de datos, y cuando éste se restableció mostró resultados inflados debido a la duplicación y triplicación de votos. Así fue en el último fraude del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, ahora preso en Estados Unidos.
- Ruptura de la cadena de custodia de los materiales electorales y el regreso de los tristemente célebres “tiempos de Conciliación”. El extravío de paquetes electorales provocó un dejavu de los fraudes que hizo el Partido de Conciliación Nacional (PCN) en 1972 y 1977, cuando se apagaron las luces para que los soldados, policías y guardias nacionales rellenaran las urnas con boletas del partido oficial.
En esta ocasión fueron las papeletas perdidas, las sin firmas, las sin sello, las marcadas con plumón, las sin doblez y las que coincidieron con el padrón, que fueron incorporadas después de las elecciones con el objetivo de alcanzar los votos necesarios para el número de diputados pedidos desde el balcón presidencial.
Ahora se hizo con las luces encendidas y muchas de estas irregularidades incluso fueron transmitidas en vivo por redes sociales. La desfachatez, la falta de escrúpulos y la desvergüenza fraudulenta del bukelismo es tan evidente que hasta dirigentes actuales del PCN están sorprendidos
- Bloqueos a la vigilancia opositora, al rol de los observadores nacionales e internacionales y al trabajo informativo de la prensa. La matonería exhibida por el oficialismo no tiene parangón, ya que incluso llegó al extremo de movilizar contingentes policiales y militares para intimidar y amenazar con detener ilegalmente y -desde luego- procesar bajo el régimen de excepción a periodistas, observadores y miembros de organizaciones de sociedad civil que registraban y denunciaban el fraude.
- Abuso de los recursos públicos. La utilización de los recursos estatales durante la campaña y en la jornada electoral fue escandalosa, especialmente la propaganda pautada por el “Gobierno de El Salvador” en medios y redes sociales y el omnipresente aparataje comunicacional gubernamental al servicio de la campaña oficialista.
- Boicot financiero contra la oposición. Mientras disponía de millonarios recursos públicos para su campaña, el gobierno saboteó hasta último momento a los partidos opositores negándoles los fondos de la deuda política que por ley debía entregarles. Sin dinero público y sin donantes privados la oposición no pudo hacer campaña electoral.
- Modificación de las reglas electorales para remarcar la cancha a favor del oficialismo. Una de las reformas más fraudulentas fue reducir de 84 a 60 el número de diputaciones y cambiar la fórmula para asignar las curules con el propósito de quitarle posibilidades a los partidos y candidatos de oposición.
Y la más malévola de las reformas fue aprobar condenas de hasta 20 años de prisión para quienes “obstaculizaran la inscripción de candidaturas”, con una clara dedicatoria para quienes no avalaran la candidatura inconstitucional de Bukele. Esta tenebrosa disposición legal fue como una pistola apuntando a la cabeza de los magistrados del TSE.
- Vicios en la realización del voto por internet y voto en el exterior. La votación electrónica se realizó sin garantías de seguridad digital, sin medidas de control y sin mecanismos de transparencia; mientras que el voto de la diáspora se concentró todo en San Salvador, departamento que cuenta con la mayor cantidad de diputaciones.
- Vigencia del régimen de excepción en el que se realizó la campaña y las elecciones. Desde la época de la guerra civil (1980-92) no se había hecho una elección en un estado de suspensión de derechos ciudadanos y garantías constitucionales. El régimen sirvió, además, para chantajear a la población con que las maras volverían a delinquir si Nuevas Ideas no lograba mantener la mayoría legislativa.
- Reelección inconstitucional del presidente Bukele. Está harto repetido que al menos siete artículos de la Constitución de la República prohíben la reelección presidencial continua y el último gobernante autócrata que se reeligió fue el militar genocida Maximiliano Hernández Martínez hace 90 años.
También es inconstitucional la elección o reelección de los candidatos a diputados y diputadas que promovieron la reelección presidencial, pues el artículo 75 de la Constitución suspendió sus derechos ciudadanos entre los cuales están participar en elecciones y ser electo para ocupar cargos públicos.
*Periodista y activista social.
