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Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez
Sociólogo, Profesor Universitario de la UES en la FMOtal. De San Miguel.
El 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una intervención militar en Venezuela que derivó en la captura del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores. Dicha acción fue justificada públicamente bajo acusaciones de narcotráfico; sin embargo, en el trasfondo político y geoestratégico, esta decisión parece responder menos a una política coherente de combate al crimen organizado y más a una lógica de confrontación ideológica y control de recursos estratégicos.
La detención forzada del mandatario venezolano constituye un hecho de extrema gravedad en el ámbito de las relaciones internacionales, pues vulnera de manera directa los principios de soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y respeto al derecho internacional, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La narrativa antidrogas utilizada por la administración estadounidense se presenta, en este contexto, como una falacia política que encubre intereses económicos y geopolíticos, particularmente vinculados a las vastas reservas petroleras de Venezuela.
La reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar. Diversos líderes y gobiernos manifestaron su rechazo a la agresión militar contra Venezuela. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner calificó la acción como un ataque directo a la soberanía de un Estado. De igual forma, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, advirtió que este tipo de intervenciones evidencian el debilitamiento del derecho internacional y del sistema multilateral. En la misma línea, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa describió la operación como un acto de barbarie que pulveriza los fundamentos jurídicos del orden internacional.
Asimismo, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas expresó su condena a la intervención estadounidense. Incluso desde el propio escenario político de Estados Unidos surgieron voces críticas. Jim Himes, miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, calificó la acción como una “aventura imperial”, señalando que responde a un patrón histórico de intervenciones unilaterales que ignoran tanto al Congreso estadounidense como al derecho internacional.
Resulta particularmente contradictorio que, mientras se argumenta un supuesto compromiso inquebrantable con la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos haya mostrado una actitud ambigua frente a otros casos emblemáticos en la región. La comparación con el tratamiento otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, vinculado judicialmente a redes de narcotráfico, pone en evidencia una clara selectividad política. Esta doble moral revela que el problema no radica en el delito en sí, sino en la alineación ideológica y estratégica de los actores involucrados.
Durante una conferencia de prensa posterior a la operación militar, el presidente Trump afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta lograr una “transición justa”, al tiempo que anunció su intención de tomar control de las reservas petroleras del país sudamericano y de reconstruir su infraestructura. Estas declaraciones, más allá de su gravedad política, confirman que el eje central de la intervención no es la justicia ni la seguridad internacional, sino el control de recursos naturales estratégicos.
En este sentido, el senador Bernie Sanders exhortó al presidente estadounidense a atender las múltiples crisis internas del país y a poner fin al “aventurerismo militar ilegal” en el exterior (Sanders, 2026). De manera similar, el congresista Jake Auchincloss señaló que la operación en Venezuela constituye “sangre por petróleo” (Auchincloss, 2026, subrayando que no guarda relación alguna con el combate al narcotráfico, sino con los intereses energéticos de Estados Unidos.
Desde los organismos internacionales también se expresaron profundas preocupaciones. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su alarma ante la intervención y reiteró la necesidad de respetar el derecho internacional. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó a una solución pacífica, democrática e inclusiva, basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En la misma línea, cancilleres de Dinamarca y Francia advirtieron que este tipo de acciones erosionan los fundamentos del orden internacional y ponen en riesgo la seguridad global.
En América Latina, mientras algunos gobiernos alineados con la lógica geopolítica estadounidense expresaron su respaldo a la intervención, una amplia mayoría de líderes regionales condenó la agresión militar y el secuestro del presidente venezolano. Mandatarios como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, así como los gobiernos de Cuba y Uruguay, reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía y la solución pacífica de los conflictos.
Finalmente, el futuro político de Venezuela se presenta marcado por una profunda incertidumbre. Ante la ausencia forzosa del presidente Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano dispuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma temporalmente la jefatura del Estado, en apego a las disposiciones constitucionales. Este hecho, lejos de resolver la crisis, evidencia la magnitud del quiebre institucional provocado por una intervención extranjera que amenaza con sentar un precedente peligroso para toda la región.
En conclusión, el caso venezolano revela con crudeza la doble moral que caracteriza a la política exterior estadounidense en materia de narcotráfico. Bajo un discurso de legalidad y seguridad, se ocultan prácticas de dominación que responden a intereses económicos y geopolíticos, particularmente al control del petróleo. Frente a ello, la defensa del derecho internacional, la soberanía de los pueblos y el multilateralismo se vuelve una tarea urgente e ineludible para la comunidad internacional (Naciones Unidas, 1945; Petras & Veltmeyer, 2014).
Referencias:
Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas.
Petras, J., & Veltmeyer, H. (2014). Imperialism and capitalism in the twenty-first century. Routledge.
Sanders, B. (2026, 3 de enero). Publicación sobre la política exterior de Estados Unidos [Publicación en X].
Auchincloss, J. (2026, 3 de enero). Declaraciones sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela [Publicación en X].
