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Si bien no se puede afirmar que ya es una tendencia, pues los especialistas de los números aún no lo han establecido así, lo cierto es que desde el 9 de agosto, que El Salvador tuvo el pico más alto de los casos de COVID-19, cuando se descubrieron 445 casos y daba la impresión de que los casos iban a ir en aumento, sobre todo porque desde el 16 de junio inició la primera fase de la actividad económica, casi el 50 % de la actividad económica inició actividades.
A partir de mediados de junio, los casos no sobrepasaban los 150, como promedio diario, pero los números no se quedaron allí, sino que comenzaron a subir hasta llegar a los 300. Con estos números, que el Gobierno lo adjudicó al inicio de la actividad económica, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, pidió a la Asamblea Legislativa una cuarentena estricta obligatoria de 15 días, y que podría prorrogarse hasta un mes, para “aplanar” los casos de la nueva enfermedad del coronavirus. El Gobierno, además, pedía una ley de excepción para limitar derechos constitucionales y una ley de emergencia para utilizar los recursos sin necesidad de cumplir los requerimientos de la LACAP.
La Asamblea se opuso a la solicitud del Gobierno, tras argumentar que la petición del Gobierno debería ir acompañada de un plan, el cual el Ejecutivo se negó a presentar, tras afirmar que era suficiente saber que con la cuarentena se reducen los contagios de forma significativa.
En ese trajín, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le declaró inconstitucional el decreto 33 del Ejecutivo, el que contenía las fases del inicio del resto de la actividad económica, porque, de acuerdo con los togados, el Ejecutivo había invadido funciones de la Asamblea Legislativa. Pero la Sala dejó vigente el decreto hasta el 23 de agosto, hizo un nuevo llamado al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, para que se pusieran de acuerdo para construir las herramientas jurídicas para el inicio de la segunda fase y las restantes de la actividad económica.
Ni el Ejecutivo ni la Asamblea lograron ponerse de acuerdo y, en vez de acudir al diálogo, le apostaron a la discusión mediática y redes sociales en la que sobresalió la acusación y las descalificaciones, dejando por sentado que a partir del 24 de agosto se abre la actividad económica de forma total.
El especialista en infectología, Iván Solano Leiva -pidió- ayer, al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa “hacer un esfuerzo para ponerse de acuerdo, para tener ley de emergencia y cuarentena”. Leiva advirtió que “es preocupante la situación, porque una apertura generalizada y no planificada sí puede llevarnos a problemas de un repunte de casos de la COVID-19”. “Debe ser una reapertura económica ordenada, focalizada. Si nosotros logramos tener algo que nos permita hacer y unir estrategia de cuarentena y reapertura focalizada, vamos a saber danzar con la COVID-19”, dijo el especialista.
Ayer martes, el titular del Ministerio de Salud informó que el lunes localizaron 269 casos de COVID-19, lo que significa una reducción de casi el 50 %, si se compara con los 445 casos que se reportaron el 9 de agosto, lo que sería un dato importante para la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo para una ley que garantice el inicio de las otras fases de la actividad económica de forma ordena.
¿Por qué es importante el dato de la reducción de los casos en los últimos días?, la respuesta es que, el tema de la cuarentena total y estricta ya no sería o no debería ser la principal petición del Ejecutivo, porque es un tema que tampoco pasa en la Asamblea Legislativa, así como la de no restringir a los ciudadanos las garantías constitucionales.
No obstante, pueden ponerse de acuerdo en otros aspectos, que seguramente pueden ser más importantes antes de que lleguemos al 24 de agosto. Esperemos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, haga una adecuada lectura de la pandemia en estos momentos y de la realidad del país en otros temas como el económico.
