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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Diputados de la Asamblea Legislativa y representantes del gobierno central mostraron posiciones enfrentadas al conocer la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo 18, que contenía prórroga por 30 días de la Ley de Emergencia Nacional.
En su resolución, los magistrados de la CSJ, además, dictaron medidas cautelares en torno a dejar sin efecto la decisión de la Presidencia de la República y ordenar que tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa establezcan consensos para aprobar una nueva Ley de Emergencia Nacional.
Ernesto Castro -secretario privado de la Presidencia de la República- externó que El Salvador es el único país en el que por la vía legal se deja sin efecto un Estado de Emergencia Nacional necesario para combatir la pandemia mundial del COVID-19.
“En medio de una pandemia que tiene arrodillado al mundo entero, nuestro país, me atrevería a decir, que es el único en el mundo que por las vías legales dejan sin estado de emergencia, con todo lo que esto conlleva”, dijo Castro.
El secretario privado de la Presidencia consideró que los efectos de la resolución de la Sala de lo Constitucional serán graves, además, destacó que desde el jueves pasado se hicieron varias invitaciones a los partidos políticos representados en el congreso salvadoreño a las cuales supuestamente ARENA y FMLN no quisieron tomar en cuenta.
Castro responsabilizó a los legisladores de las consecuencias que traiga la ausencia de una Ley de Emergencia Nacional, ya que no entienden la realidad que se vive en los hospitales del país, asimismo, manifestó que a pesar de todas las obstrucciones que experimenta, el Gobierno no dejará que el país caiga. En torno a la decisión de la Sala de lo Constitucional, Schafik Hándal, subcoordinador de fracción del FMLN destacó que respalda la posición del partido de que con el Decreto Ejecutivo 18 el Gobierno cometió fraude de ley.
“Lo que acaba de hacer la Sala es reconocer nuestro planteamiento fundamental de que ocurrió el sábado en la noche fue una usurpación de funciones de la Asamblea Legislativa por parte del gobierno y, por lo tanto, un fraude de ley”, sostuvo Hándal.
El parlamentario consideró que la decisión de los magistrados deja claras las atribuciones que cada órgano de Estado tiene a la hora de atender una emergencia como lo es el brote de la pandemia mundial del COVID-19 en el país.
Guillermo Gallegos -diputado de GANA- se refirió a la admisión de la demanda contra el Decreto Ejecutivo 18 y el establecimiento de medidas cautelares como un llamado a los órganos de Estado a trabajar juntos por una Ley de Emergencia Nacional.
“Eso es lo que quiero señalar, la Sala les mandata trabajar en una ley de emergencia para atender el virus que está afectando al mundo, contrarío a lo que están haciendo en la Comisión Política que es una ley para reactivar la economía”, criticó Gallegos.
