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En abril de 2012, and cialis 81 votos a favor, sales buy cialis la Asamblea Legislativa aprobó con la reforma del artículo 69 de la Constitución, clinic para declarar como un bien público, el derecho al agua, con lo cual, a su vez, el Estado adquiere un compromiso para brindar a los y las salvadoreñas, el acceso al agua en cantidad mundialmente requerida en calidad. Esa reforma también, garantiza la alimentación para el pueblo.
No obstante, nuestra Carta Magna establece que toda reforma constitucional necesita se ratificación de otra legislatura, por eso es que, la reforma no es todavía una obligación para el Estado.
El tema del agua, como lo hemos señalado en otras ocasiones, así como el tema de la salud, han estado en la mira de los políticos de la derecha para ser privatizados. Por eso es que, a finales de octubre, en la sesión plenaria los diputados de la derecha, es decir, ARENA, PDC, PCN y GANA se negaron a ratificar esa importante reforma.
La derecha legislativa, incluso, reformó un artículo del anteproyecto de la ley del agua, con la que modificó la constitución de la entidad responsable de garantizar ese derecho, para dejar como integrantes mayoritariamente a los representantes privados. Esto es peligroso, pues se desnaturaliza el carácter público del agua y la alimentación, en términos generales.
Antes de aprobar la ley, incluso, debió ratificarse el artículo 69, pero, los diputados, sobre todo la derecha, han preferido hacer la ley secundaria, ley primaria, para garantizar el beneficio privado, y luego discutir la reforma. Esto, como diría el ex presidente Mauricio Funes, también es una “trampa cazabobo”, tal como suelen ser las leyes que crea y aprueba la derecha, que van por supuesto en detrimento de la población.
Así las cosas, la UCA tiene razón, cuando en su editorial del finales de octubre dice que: “Hace unos días El Salvador fue elegido para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, dentro del país no se reconocen los derechos humanos al agua y a la alimentación. Desde hace años, Naciones Unidas hace llamados a sus Estados miembros (El Salvador es uno de ellos) para que reconozcan estos derechos en sus constituciones nacionales. En nuestro país, esto no se ha logrado”.
Pero el pueblo, que es el soberano, tiene el poder para cambiar la correlación a su favor, en primer lugar pronunciándose, “haciendo valer su voz”, como decía Ignacio Ellacuría, el mártir de la UCA. Y dado que se acercan las votaciones, los y las salvadoreñas deben castigar con su voto a los partidos de la derecha que no han querido ratificar la reforma del artículo 69 de la Constitución y crear una ley del agua en favor del bien público.
