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miércoles , 21 febrero 2018
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Dignificación total, no parcial

@arpassv

El Presidente Salvador Sánchez Cerén -junto a miembros de su gabinete- inauguró varios proyectos educativos, de salud, servicios básicos e infraestructura en El Mozote, al norte de Morazán, para beneficiar a comunidades de sobrevivientes y familiares de la masacre perpetrada en 1981 por el Batallón Atlacatl.

En el lugar, Sánchez Cerén rindió un informe sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Estado salvadoreño medidas para reparar el daño provocado por la horrenda matanza.

Tal acción es positiva, pues muestra el compromiso del Ejecutivo con la reivindicación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y su cumplimiento de resoluciones de la justicia internacional.

El gobierno, sin embargo, tiene pendientes importantes en dicha materia, uno de estos es mantener como héroes militares a los perpetradores de tan condenables crímenes. Es una vergüenza que el Presidente, comandante general de la Fuerza Armada, mantenga en ese estatus al mismísimo Domingo Monterrosa, autor material de la masacre de El Mozote.

Es una terrible contradicción ética y política que Sánchez Cerén honre a las víctimas de El Mozote, pero no tiene la coherencia y la decencia de quitarle el nombre del coronel Monterrosa al cuartel de San Miguel. El mandatario debería mandarlo al basurero de la historia, declarándolo como es: violador de derechos humanos, criminal de guerra y delincuente de lesa humanidad.

La dignificación de las víctimas y sus familiares es total, no parcial. Por eso también es necesario que los responsables intelectuales y materiales sean juzgados y condenados. En tal sentido, es necesario que los ex militares actualmente procesados en los tribunales de Morazán no queden impunes y paguen por sus crímenes.

El sistema judicial no debe fallarle a las víctimas de El Mozote. El general Guillermo García y demás ex militares involucrados en la masacre deben terminar sus días en la cárcel.

También es necesario que el gobierno estadounidense -al menos- pida perdón por haber entrenado a los militares que cometieron la masacre y haber dado asistencia militar, financiera y logística a delincuentes castrenses.

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