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Organizaciones de la sociedad civil y la PDDH piden al Gobierno cumplir los derechos sociales y económicos de las personas con discapacidad.
Oscar Martínez
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El representante de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Carlos Wilfredo Montes exigió al gobierno salvadoreño el cumplimiento de sus derechos humanos.
Desde hace siete años las organizaciones de personas con discapacidad iniciaron un proceso que culminó la aprobación de una ley de la República: Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, pero que entrará en vigencia hasta enero de 2021 por lo que las organizaciones están inconformes porque afirman que durante la pandemia por COVID-19 y las tormentas tropicales, Amanda, Cristóbal y Eta, las instituciones del Estado no han actuado con diligencia en la atención y protección a las personas con discapacidad.
Las organizaciones de la sociedad civil, reconocen el apoyo recibido de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, por tanto, demandan del gobierno el respeto de su mandato constitucional y se fortalezca su presupuesto.
Reconocen que se ha dado un paso muy importante en el establecimiento de una normativa nacional para el reconocimiento y protección de los derechos las personas con discapacidad, sin embargo, urgen al Estado adopte todas las medidas que la Ley Especial de Inclusión demanda, ya que la situación de las personas con discapacidad es muy grave y precaria, situación que se complejiza aún más frente a los diferentes eventos provocados por el cambio climático.
Manifiestan que históricamente el Estado ha discriminado e invisibilizado a las personas con discapacidad, negando sus derechos y a una vida digna, y que es necesario construir una sociedad sin prejuicios, ni estigmas por motivos de discapacidad y con una fuerte toma de conciencia sobre el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, por tanto, es preciso que desde ya se asuma responsabilidad de la sociedad y el estado, por lo que exigen a los tres órganos del Estado y a la sociedad en general:
Que la Asamblea Legislativa inicie el proceso de armonización de las normativas nacionales, tanto la ley primaria como las leyes secundarias, conforme a la Ley Especial de Inclusión y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, y se agilicen las propuestas de reforma de armonización que ya han sido presentadas por las organizaciones de la sociedad civil a este órgano de Estado, entre otras.
Piden al Presidente de la República y a todo su gabinete de gobierno, que adopten de manera inmediata las medidas y recursos necesarios para la aplicación de la Ley Especial de Inclusión; y con urgencia la nueva estructura del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD), incluyendo la participación activa de los Ministros y Ministras que conforman el pleno de este ente rector y que se inicie con prontitud la formulación del Reglamento de la Ley Especial de Inclusión con la participación activa de las organizaciones de y para personas con discapacidad.
Demandan también, la creación de la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad y su aplicación por medio de los programas y proyectos para la protección social de la Ley Especial de Inclusión, así mismo se respete y se dé cumplimiento a los compromisos de protección social ya establecidos conforme a las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado.
Al Sistema de Administración de Justicia, piden que garantice el acceso a la justicia, el reconocimiento de la capacidad jurídica y la protección judicial a las personas con discapacidad y en particular a las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad, de acuerdo a los establecido en la Ley Especial de Inclusión.
A las alcaldías municipales, las Autónomas y demás instancias estatales demandan la pronta aplicación de la Ley Especial de Inclusión de acuerdo a sus competencias.
Exhortan a la sociedad asumir con responsabilidad a construir una sociedad justa e inclusiva para todas las personas.
Por su parte, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, José Apolonio Tobar Serrano, en ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad dijo: “Las personas con discapacidad continúan enfrentando diversas formas de exclusión y discriminación, situación que se agrava para las personas que viven en las zonas rurales, así como para las mujeres y niñez con discapacidad. Tal situación, entre otras razones, obedece al incumplimiento de las leyes por el Estado de los marcos normativos como la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros; así como la poca disposición política para atender a esta población desde el enfoque social de derechos”.
