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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
En noviembre de 2010 se aprobó el decreto 520, que contiene la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, vigente desde 2012. Velar por su cumplimiento es obligación del Estado.
En esta Ley se establece que las mujeres deben ser libres de toda forma de discriminación, ser educadas, libres de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales, basados en conceptos de inferioridad o subordinación.
la realidad dista mucho de esta visión. Con lucha se avanzó y hoy se retrocede en mucho, se percibe en la cotidianidad y se registra en indicadores construidos por instituciones estatales.
El Fondo de población de Naciones Unidas, indica que, en nuestro país, dos de cada tres mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida.
El debilitamiento de instituciones, como Ciudad Mujer y otras llamadas a promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres, demuestra la visión discriminadora del gobierno de turno.
El pasado 30 de enero la Red de Mujeres Protagonistas de Cambio, presentó un dibujo de estos retrocesos, que son más graves para las mujeres del área rural.
Entre las evidencias presentadas por esta red, están las condiciones laborales precarias y la desigualdad salarial entre hombres y mujeres; según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, los hombres obtuvieron un ingreso de $ 403.99, las mujeres recibieron $344.01.
Las mujeres sufren violencia, y una de las formas más crueles es la violación, los embarazos en adolescentes producto de violación. Dice ese informe de la Red, citando encuestas del Ministerio de Salud, que el porcentaje de violaciones sexuales es de 7,9% en la ciudad y 10.6% en el área rural.
El analfabetismo para mujeres mayores de 60 años alcanza el 33.2%.
Las mujeres, además de señalar la realidad, presentan 20 demandas para alcanzar una vida digna. Entre esas demandas están el cumplimiento de la Constitución, como garantía de los derechos humanos de las y los salvadoreños; diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, presupuesto para programas y proyectos en beneficio de las mujeres rurales, créditos accesibles a las mujeres, bajar impuestos municipales, casas de acogida para resguardo de mujeres que sufren violencia; cumplir la ley de igualdad y erradicación de la discriminación contra las mujeres, promover la agroecología y otras.
Estas demandas son coherentes con el llamado de ONUMUJERES, de invertir más para el progreso de las mujeres en el marco de la celebración del día internacional de la mujer.
Pero lo más grave de la realidad hoy, es el impacto que generan, por una parte, el alto costo de los alimentos, los medicamentos, los alquileres, los nuevos cobros impositivos y de tasas de servicios como agua, energía, telefonía; que afecta la calidad de vida de las familias y principalmente a las mujeres que en su mayoría son jefas de hogar.
Y, por otra parte, el régimen de excepción es causante de un deterioro en la calidad de vida de las mujeres, miles de personas detenidas son inocentes; también hay mujeres entre los fallecidos en manos del Estado.
Madres, abuelas, esposas, hermanas, acuden a las entidades estatales como la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en búsqueda de información y apoyo a sus familiares detenidos; son miles de casos, de los que el gobierno llama “margen de error”, que son detenidos, mantenidos en los centros penales sin que sus familiares puedan saber de ellas y ellos.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y promotoras de la organización local de mujeres, señalan como problema la estigmatización de estas entidades, a las que voceros de gobierno califican de opositores, porque señalar injusticias, retrocesos democráticos y de derechos humanos muestra un lado malo del país. Por reales que sean las evidencias de la realidad, contrasta con la imagen idílica que el oficialismo presenta sobre el país.
La persecución política también afecta a las mujeres. Mujeres valiosas de este país sufren cárcel, procesos amañados y además ataques a las que son activas políticamente.
La contrapartida a esta realidad es el rostro femenino de la resistencia a la dictadura, en mujeres como Karina Sosa, Anabel Belloso, Marlene Funes, Dina Argueta, lideresas de organizaciones feministas, de la intelectualidad, defensoras de derechos humanos.
Sin duda, esta lucha contra un régimen que agrava los problemas estructurales que padece la mujer salvadoreña, continuará y no cejará a pesar del alineamiento ideológica de ultraderecha, que el propio presidente proclama como prohibición a lo que erradamente denomina ideología de género.
Asistiremos un día más a esa marcha de las mujeres el próximo 8 de marzo, por una vida digna, sin discriminación, en libertad y con respeto a sus derechos. Sin duda se conquistarán nuevas victorias.
