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Por Leonel Herrera*
El pasado 14 de marzo, en el marco del Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos y Contra las Represas, en El Salvador se conmemoró el “Día Nacional del Río Lempa”. El hecho pasó desapercibido para la mayoría de la población; pero el Estado (Fiscalía y Sistema Judicial) lo celebró en forma sádica, manteniendo en prisión a cinco de los defensores más importantes del principal afluente del país: los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, detenidos el pasado 11 de enero.
Como sabemos, el Río Lempa tiene una importancia vital para nuestro país: abastece de agua potable a 1.5 millones de personas del área metropolitana de San Salvador, a través de la Planta Potabilizadora El Torogoz; sus cuatro centrales hidroeléctricas cubren el 33% de la demanda energética nacional; sus cuencas albergan gran cantidad de ecosistemas y especies; y su existencia es fundamental para la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades de sobrevivencia de la población en 162 municipios que están en sus riberas. El principal río salvadoreño también beneficia a 15 municipios de Guatemala y a 22 de Honduras.
A pesar de esta enorme importancia, el Lempa sufre un acelerado proceso de degradación que pone en riesgo el abastecimiento de agua, la generación de electricidad, la producción agropecuaria y demás actividades que se realizan en sus cuencas. Según la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa, esto se debe a la sobre explotación de sus recursos y servicios, al deterioro de sus ríos tributarios, la degradación de los bosques y humedales, al mal manejo de desechos sólidos en toda su cuenca, la descarga de aguas negras desde centros urbanos, manejo inadecuado de desechos industriales y agroindustriales, la explotación minera en Guatemala y al cambio climático.
Y este desastre sería aún mayor con los daños de la minería metálica. La explotación a gran escala de la franja minera que atraviesa la zona norte del país hubiera sido el “tiro de gracia” en esta muerte lenta del principal afluente nacional: sus cuencas habrían sido destruidas por la tala de bosques y la remoción de millones de toneladas de roca en las montañas, sus zonas de recarga hídrica extinguidas por el uso intensivo de agua para la separación de los metales y su caudal convertido en un charco de desechos con cianuro, drenaje ácido producido por metales pesados y otros materiales tóxicos que son mortíferos.
Por eso la prohibición de la minería fue un acto de salvación nacional, al evitar la muerte del río más vital para la existencia del país; y por eso resulta irónico que líderes comunitarios, que jugaron un rol clave en la resistencia anti minera que detuvo la estocada final contra el Río Lempa, están ahora encarcelados injustamente. En vez de criminalizar y enjuiciar sin pruebas a Antonio Pacheco, Saul Rivas y demás defensores ambientales de Cabañas detenidos, el Estado debería declararlos “Héroes del Río Lempa”. Esa sería una celebración justa y correcta; mantenerlos en prisión es una contra celebración: una celebración sádica, una celebración al revés.
Las nuevas señales de posible reactivación de la minería metálica indican que la arbitraria detención de estos luchadores ambientales es para evitar que vuelvan a liderar la resistencia contra estos proyectos de muerte que amenazan al Río Lempa y la continuidad de la vida. Por eso es urgente que la población se organice, movilice y presione para defender el Río Lempa, otra vez amenazado por quienes quieren imponer la minería y persiguen a los defensores ambientales que alertan al país sobre sus graves consecuencias.
No olvidemos que nuestro principal río también está gravemente amenazado por la minería metálica transfronteriza. Como oportunamente advierte la Alianza Centroamericana frente a la Minería Metálica (ACAFREMIN), la mina Cerro Blanco, en Jutiapa, Guatemala, representa un peligro letal pues sus toneladas de residuos contaminantes llegarían al Lempa, a través del Río Ostúa, el Lago de Guija y el Río Guajoyo, respectivamente.
*Periodista y activista social.
