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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y CRISTOSAL presentaron un informe sobre la “Afectación del Desplazamiento interno Forzado en la Niñez y Adolescencia Salvadoreña”.
Ulises Rivas -procurador adjunto para los derechos de la niñez, adolescencia y juventud de la PDDH- afirmó en la presentación del informe que era una deuda que tenían sobre el tema del desplazamiento forzado de estos grupos poblacionales, que contó con el apoyo técnico CRISTOSAL, a partir de una investigación de seis grupos focales entre niñez, docentes y denuncias interpuestas ante la PDDH.
Sobre el informe agregó, el procurador adjunto está documentado de octubre de 2017 a febrero de 2019, en donde el procurador Rivas calificó de “graves” las amenazas a las familias para que se desplacen de sus hogares, no solo son los grupos delincuenciales, sino también a miembros de la Policía Nacional Civil y militares, contra familias que son amenazadas y coaccionadas. Y que este flagelo afecta directamente a la niñez y juventud.
Mientras Noah Bullock, director de CRISTOSAL, que participó en el trabajo técnico de la investigación, señaló que es el tercer informe que trabajan junto a la PDDH y que de esta experiencia recogen que el tema del desplazamiento interno forzado es una “incomodidad para los gobiernos” en turno.
“Este informe es importante en el sentido que trata de enfocar el tema de la niñez y adolescencia, sabemos que en el desplazamiento forzado no es igual para todos los miembros de la familia. Lo que sabemos es que, cuando un niño o una niña están obligados a abandonar su hogar, hay un desarraigo social y educativo también, y es una afectación muy grave, que se deje eso a una nueva generación”, acotó.
Sobre la seguridad, el director Bullock indicó que se debe trabajar en disminuir las afectaciones que generan el desplazamiento forzado, a estos grupos poblacionales que generan este impacto que termina convirtiéndose en un problema estructural que se refleja en la exclusión social y violencia, como un ciclo.
“El esparcimiento y protección de las víctimas no debe ser visto como tema secundario a la represión del delito, sino que debe ser retomado en las políticas públicas como una prioridad y una medida integral. Y estamos con un Gobierno que cada vez más se compromete con medidas represivas, se garantiza una seguridad territorial, cuando el mejor control territorial es a través de la experiencia de las víctimas”, explicó.
En cuanto a la disminución de homicidios, Bullock consideró que no era “nada nuevo” la percepción de la disminución de homicidios, porque fue similar a los procesos durante la “Tregua de Pandillas”, en gobiernos anteriores, y que siempre se mantuvieron los desplazamientos y que las conclusiones, a las que siempre han llegado es que “la base principal del desplazamiento era parte del Crimen Organizado” y autoridades de seguridad pública cuando entran a territorios y actúan de manera ilegal.
“La reducción de homicidios no aplica a la reducción de la capacidad que tengan grupos de crimen organizado de intimidar y generar amenazas o control social sobre el territorios o poblaciones, por eso sigue habiendo desplazamientos”, sostuvo.
Abraham Ábrego -director de Programas y Acompañamientos a Víctimas de Cristosal- se refirió a la Ley especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas, de 35 artículos, que logró la aprobación de 82 votos de la Asamblea Legislativa, pero que no hay aplicación efectiva, ni presupuesto.
En cuanto a la implementación de esa ley especial, Ábrego expresó que luego de dos meses de plazo, luego de aprobada, se requiere de un Reglamento de esta normativa para aplicarla y esto estaría a cargo de un Comité Técnico que establecería el proceso de la política de desplazamiento y sus protocolos.
“Hemos detectado el abandono a las personas desplazadas, sabemos también que muchas instituciones han estado enfocadas en atender la pandemia del COVID-19, pero hemos identificamos algunos casos, en donde el tema del control territorial y la violencia se mantiene y es preocupante, en este informe que presentamos el 7 % de los casos supervisados, es la Policía (Nacional Civil) la fuerza pública la involucrada. Y esto nos dice que se ha ido elevando porcentualmente el número de casos que le señalan. Hemos revisado estadísticas anteriores en donde era el 1 % o 2 % y ahora en este informe es del 7 % y el problema de las pandillas también sigue siendo grave, que ha llegado a desplazamientos colectivos”, reafirmó.
