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Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino
Hasta marzo “todo parecía alentador” para los empleados que tuvieron que parar labores por las medidas implementadas por el Gobierno, ante el COVID-19. El pago de salarios y las plazas estarán seguras, aseguró el Ejecutivo.
Casi dos meses han pasado desde que el presidente Nayib Bukele ordenó a las empresas que no fueran de alimentos, medicamentos o suministros necesarios para el funcionamiento del país, enviar a su personal a casa de forma remunerada y permitiendo el teletrabajo en los casos donde fuera posible.
El 16 de abril, el ministro de Trabajo, Rolando Castro confirmó haber recibido constantes denuncias sobre la suspensión de contratos laborales, por la pandemia. Manifestó que los empleadores debían cumplir la garantía de estabilidad laboral tipificada en los decretos ejecutivos emitidos durante la emergencia por el COVID-19; sin embargo, las denuncias continúan en aumento.
Este miércoles, la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) expuso la situación de empleados de más de una treintena de empresas, los cuales “fueron despedidos sin justificación”.
“Afirman no ser escuchados, el silencio ante la crisis laboral que enfrentamos de parte de las autoridades no puede seguir. Ministerio de Trabajo de El Salvador investiguen y tomen acciones inmediatas, la clase trabajadora lo exige”, expuso la organización en su cuenta de Facebook.
Supermercados, almacenes de ropa, transporte público y restaurantes de comida rápida fueron algunos de los denunciados. Cabe destacar que otro de los sectores que más denuncias ha recibido es el textil. “Desde el 13 de abril, la maquila textil Westtex Apparel ha suspendido contratos, adeudando salarios desde esa fecha a los trabajadores”, comunicó FEASIES. Diario Co Latino también ha conocido el caso de la zona franca de Santa Ana, donde han despedido a cientos de empleados y otros a quienes les han reducido sus salarios.
Cabe destacar que, a pocos días de haber sido impuesta la medida por el Ejecutivo, el Sindicato Salvadoreño de Industrias Textiles y Similares y la Coordinadora Sindical Salvadoreña explicaron que “la situación irregular que se enfrenta debido a la emergencia nacional no debe ser motivo para limitar los derechos laborales de miles de trabajadoras y trabajadores”.
El Gobierno ha implementado medidas a favor de la población “directamente afectada” por la pandemia, como: la suspensión de pago de servicios básicos durante tres meses; el pago de préstamos, a casas comerciales, entre otras. Asimismo, otorgó un subsidio de $300 a 1.5 millones de personas y ha prometido una canasta de productos básicos a ciudadanos de escasos recursos.
Si bien algunos de los ahora desempleados agradecen al Ejecutivo por esas medidas, no todos han sido beneficiados o necesitan más recursos para cubrir pagos de colegiaturas, alquiler y servicios médicos, por lo que pidieron una pronta y favorable resolución a su problema.
