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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El viceministro de Medio Ambiente Ángel Ibarra rechazó las aseveraciones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de que el Gobierno había convenido con la gremial la integración de los empresarios a la autoridad reguladora del agua.
“La ANEP ha estado queriendo confundir diciendo que el Gobierno había aceptado que ellos fueran de la autoridad nacional del agua. La única propuesta del Gobierno fue la que se introdujo en el año 2012 que dice que la institucionalidad debe ser pública. Es falso entonces la versión de la ANEP de que el Gobierno ha aceptado que ellos participen”, aseguró el funcionario.
Lo que funcionó alrededor de un año y medio, dijo Ibarra, fue una mesa donde se integraron el exministro de Economía Tharsis Salomón López y la actual ministra de Medio Ambiente Lina Pohl con el sector empresarial, pero el objetivo era lograr acercamientos respecto a la propuesta de ley.
“Esto no fue posible y tan es así que semanas después que terminó el intercambio alrededor de la ley, los empresarios salen llevando su propuesta de ley integral que nada tiene que ver en los puntos esenciales con lo que se había discutido y hablado con la ANEP en esa propuesta”, afirmó el viceministro en entrevista con canal 10.
Añadió el vicetitular del MARN que el Gobierno apoya y respalda la propuesta presentada por la Iglesia católica, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, presentada el año pasado.
“Es una propuesta que mantiene la visión integral de la gestión del agua, que mantiene que este recurso es un bien público y que debe ser un derecho universal para todos los salvadoreños, y demás, que el Estado debe predominar en él. La UCA presenta una propuesta con varios componentes. Primero la creación de la autoridad nacional hídrica, la que se quiere comer ANEP y COMURES (corporación de municipalidades)”, sostuvo Ibarra.
El también ambientalista dijo que ARENA considera que debe tener cuatro representantes en la entidad reguladora del agua y que el Estado solo debe tener uno.
La propuesta de la UCA habla de cuatro representantes del Gobierno y tres de otros sectores. De los delegados del Estado deben estar los ministros de Medio Ambiente, quien debe de presidirla, Obras Públicas, Agricultura y Salud.
La UCA propone la creación de un tribunal sancionador, pero la propuesta presentada por la ANEP y que ha comenzado a ser discutida por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, presidida por la diputada arenera Martha Evelyn Batres, elimina ese tribunal, denunció el viceministro.
“Ademas, los nueve diputados (de ARENA, PC, PCN y GANA) proponen el 5 de junio una comisión de agua potable y saneamiento para caerle encima a las gestiones y los bienes de ANDA y una dirección de agricultura y riego para caerle encima a las gestiones y los bienes que tiene el ministerio de Agricultura, en materia de agricultura y riego”, aseguró.
Según Ibarra, los partidos de derecha, siguiendo lineamientos de empresarios de la ANEP, “no solo están privatizando el ente rector, sino que además están integrando a la autoridad nacional del agua dos direcciones que anulan a la ANDA y al Ministerio de Agricultura”.
Ibarra desmintió que ARENA esté interesada en que se mantenga el agua como un bien público y aseguró que en los años que Carlos Perla estaba al frente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) había un proyecto, financiado con un préstamo internacional, para privatizar el servicio de agua potable en las 30 principales ciudades del país, pero que el robo cometido por el entonces presidente de la autónoma frustró el proceso.
“Si su vocación es llevar agua de buena calidad a la gente que no tiene agua, ¿por qué no incluyen el servicio privado en sectores rurales?, pero ellos quieren que la autoridad del agua sea controlada por la empresa privada para hacer del agua un gran negocio”, aseveró el funcionario.
El viceministro criticó lo que considera una visión miope, egoísta y ambiciosa del sector empresarial y la derecha política que pretenden llevar a cabo una medida que ni en la fase de mayor apogeo de gobiernos neoliberales como el de Augusto Pinochet en Chile fue planteada.
