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Blanca Flor Bonilla
Luchadora social y diputada del PARLACEN
Según la ONU, en América Latina y el Caribe viven más de 23 millones de mujeres indígenas que pertenecen a más de 670 pueblos. Durante siglos, la mayoría vivió en poblaciones rurales; pero según los últimos censos, ahora muchas viven en espacios urbanos.
En 2018, la FAO planteó que en Latinoamérica el 40 % de las mujeres rurales no tienen ingresos propios a pesar de ser agentes activas en la producción de la riqueza del agro, donde se encuentran mujeres indígenas y afrodescendientes.
Según el Mapa Pueblos Indígenas, Áreas Protegidas y Ecosistemas Naturales de Centroamérica, la región alberga 63 pueblos indígenas en los siete países la integran, ocupando el 40 % de la superficie terrestre y marina del istmo, donde se resguarda más del 60 % de los ecosistemas naturales y la biodiversidad. Las mujeres superan el 50 % de la población.
Según distintos censos, la población indígena y afrodescendientes ascendía al 50.8 % en Belice (2010), 43.75 % en Guatemala (2018), 7.2 % en Honduras(2001), 5.4 % en El Salvador (2007) (17% investigaciones universidades), 54.7 % en Nicaragua (2016), 10.40 % en Costa Rica (2011), 21.5 % en Panamá (2010), y 53 % en República Dominicana (En investigación del Instituto de Historia. 2016).
DERECHOS ECONÓMICOS: la CEPAL en 2020 reconoce que las mujeres rurales enfrentan serias limitaciones para acceder a recursos productivos: tierra, agua, insumos agrícolas, financiamiento, seguros y capacitación. También enfrentan obstáculos para colocar sus productos en los mercados. Paradójicamente, juegan un papel fundamental en la preservación de los bosques y de los cuerpos de agua.
Las mujeres que han emigrado a zonas urbanas tienen dificultades con el acceso a servicios de salud, educación, agua y vivienda; también en las relaciones sociales y culturales. Gran porcentaje de estas mujeres trabaja de manera informal, por lo que no cuentan con mecanismos de protección social, que son una necesidad fundamental, además de un derecho.
DERECHO A VIVIR EN PAZ: Las políticas encubiertas o visibles de los Estados sobre racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes presentan mayores limitaciones para las mujeres, victimizándolas por ser mujeres, trabajadoras empobrecidas, indígenas o afrodescendientes, y por la edad: si son niñas no se reconocen sus derechos expresados en la Convención de Derechos de la Niña y del Niño; si son adultas mayores, ya no están en edad económicamente activa.
PARTICIPACIÓN Y DECISIONES: de acuerdo con el enfoque de igualdad y equidad de género, las mujeres son las reproductoras de la identidad cultural en las nuevas generaciones; sin embargo, debido al papel tradicional de cuidadoras de la familia, las residentes en el área urbana tienen limitaciones para participar en espacios sociales comunitarios, prevaleciendo la toma de decisiones de los hombres.
La participación de las mujeres en los espacios de gobiernos nacionales y municipales u otros dentro de lo Estados, como los parlamentos o las instituciones de justicia, guarda relación directa con el reconocimiento jurídico de sus derechos y la inclusión en políticas públicas. La situación es desigual en la región el SICA, siendo El Salvador el Estado más atrasado al respecto.
IMPACTOS DEL COVID EN LAS MUJERES: Según la CEPAL y ONU MUJERES, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha demostrado las desigualdades de género: las mujeres han sido las más afectadas por el aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados. Las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes se enfrentan a barreras para accesar a recursos para empoderamiento.
La mitad de los países del SICA no atendió a sus poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentaron la pandemia con sus conocimientos ancestrales de plantas y medicinas naturales.
ALTERNATIVAS: Para que las mujeres participen activamente en la vida política de sus países se requiere del apoyo familiar y comunitario. El entorno local debe garantizar canales de participación donde adquieran experiencia y puedan desarrollarse.
Es necesaria la presencia de mujeres indígenas y afrodescendientes y sus organizaciones en el diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas.
Es urgente que las leyes, políticas públicas y programas sociales posibiliten el pleno acceso de las mujeres a la tierra, producción, financiamiento, capacitación y asesoría técnica para el empoderamiento económico; transversalizando los enfoques de interculturalidad, género y derechos.
Los Estados nacionales, la ONU y OEA deben utilizar enfoques y metodologías interculturales, que permitan un abordaje integral que supere la discriminación múltiple, para que las mujeres indígenas y afrodescendientes participen en la vida política y social. Se debe identificar todos los factores que facilitan u obstaculizan esa participación; reconociendo su contribución a la conservación y enriquecimiento de su patrimonio cultural.
Una política que garantice el respeto hacia las mujeres será un mensaje claro del Estado contra el racismo y el sexismo.
