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Alberto Romero de Urbiztondo
Cuando nos movilizamos en bus por San Salvador o viajamos de un departamento a otro, con frecuencia vemos cómo sube alguna persona que empieza a intentar convencernos a gritos de sus creencias religiosas. Durante unos minutos lo escuchamos, pensando que hay libertad de expresión y de creencias religiosas, pero al rato, cuando sigue insistiendo nos preguntamos: ¿Es el bus el lugar adecuado para la prédica religiosa? ¿Por qué debo estar obligado a escuchar a lo largo del trayecto las creencias religiosas de otra persona? ¿Qué ocurriría si en el bus, los pasajeros nos pusiéramos a intentar convencer al resto de nuestras creencias religiosas, políticas o filosóficas?
Cuando llegamos a la casa cansados de un día de trabajo, en ocasiones nuestra tranquilidad se ve interrumpida por los parlantes de alguna iglesia cercana que se considera con el derecho de divulgar sus creencias, no solo a los miembros de su congregación, sino a todo el barrio. ¿Por qué debo escuchar durante horas prédicas que me pueden ser ajenas? ¿Por qué no respetan mis creencias y me invaden e intentan imponer las suyas? ¿Se imaginan si en el barrio cada uno nos pusiéramos a difundir nuestras creencias mediante parlantes? ¿No es mas lógico que si uno quiere realizar prácticas religiosas asista a la iglesia que decida o que si tiene interés en profundizar en sus conocimientos filosóficos o científicos, acuda a una sala de conferencias o a un centro cultural?
Una cultura laica respeta las diversas creencias religiosas, los diferentes pensamientos filosóficos, las aportaciones de la investigación científica, considerando que contribuyen a construir una ciudadanía con un pensamiento analítico, crítico e informado.
Por ello el espacio público debe garantizar la libertad de pensamiento y el pluralismo, de tal forma que las diversas culturas, religiones y formas de pensamiento que conforman nuestra sociedad, se sientan respetadas, sin que ciudadanas y ciudadanos seamos confrontados violentamente con las creencias religiosas o filosóficas de otros ciudadanos.
Las autoridades municipales y nacionales, en cumplimiento del carácter laico de nuestro Estado deben velar porque exista un auténtico respeto a las creencias de toda la ciudadanía, regulando el uso del espacio público y velando porque el derecho a la libertad de expresión o de creencias, no sea utilizado de forma inadecuada por quienes piensan que poseen la única verdad y pretenden imponerla al resto de la ciudadanía.
