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Redacción Nacionales
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Representantes de organizaciones sociales y comunitarias presentaron este este viernes una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos en El Salvador por lo que califican como un “crimen ambiental” en la comunidad San Francisco Angulo, ubicada en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.
La acción busca frenar la ejecución de un proyecto de disposición final de desechos sólidos que, según los denunciantes, está generando daños ambientales y posibles afectaciones a la memoria histórica del lugar.
Durante la presentación del escrito, voceros del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y el Movimiento por la Defensa de la Tierra, señalaron que la intervención en la zona se ha realizado en medio de un fuerte despliegue policial, lo cual —afirman— ha limitado la capacidad de la comunidad para defender sus derechos. Según relataron, maquinaria pesada ingresó al área tras el operativo, lo que ha provocado la destrucción de una zona boscosa considerada vital para el equilibrio ambiental local.
“Creemos que no hay que quedarnos en silencio. Este es un daño ambiental grave y un atentado contra derechos fundamentales como la vida, la salud y el acceso a un medio ambiente sano”, expresó una de las representantes durante la lectura del comunicado.
La denuncia también fue presentada previamente ante la Fiscalía General de la República por el despliegue policial que, según las organizaciones, fue desproporcionado. Aseguran que la presencia de agentes tenía como objetivo garantizar el avance del proyecto, pese a la oposición comunitaria.
Posible afectación a restos humanos
Uno de los elementos más sensibles del caso es la presunta existencia de restos humanos en el área intervenida. De acuerdo con los denunciantes, existen testimonios que sugieren que el terreno podría estar vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño.
“Hay un testigo que afirma que se han removido osamentas humanas en la zona donde se realizan trabajos de terracería”, indicó un miembro de la comunidad. Aunque esta persona no ha hecho pública su identidad por temor a represalias, aseguran que estaría dispuesta a declarar ante instancias correspondientes.
En ese sentido, el documento presentado solicita la verificación técnica e independiente de estos señalamientos, así como la suspensión inmediata de las obras mientras se realizan las investigaciones pertinentes.
Argumentos legales y constitucionales
El requerimiento entregado a la ANDRES está fundamentado en diversos artículos de la Constitución salvadoreña. Entre ellos, el artículo 2, que garantiza el derecho a la vida e integridad personal; el artículo 65, que establece la obligación del Estado de proteger la salud pública; y el artículo 117, que ordena la protección del medio ambiente.
Asimismo, las organizaciones invocan estándares internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a preservar sitios que puedan contener restos de víctimas de violaciones graves y a garantizar procesos de investigación bajo criterios científicos rigurosos.
“El sitio no puede ser tratado como un terreno baldío. Es un territorio con historia, con memoria y con posibles evidencias que deben ser protegidas”, señala el comunicado.
Exigencias de la comunidad
Entre las principales demandas planteadas se encuentran:
- Información técnica detallada sobre las intervenciones realizadas en el área.
- Confirmación oficial de cualquier hallazgo de restos humanos.
- Suspensión preventiva del proyecto mientras se realiza un peritaje independiente.
- Respeto a medidas cautelares y garantías de derechos fundamentales.
Además, las organizaciones enfatizaron que el proyecto, que estaría vinculado a empresas privadas —incluyendo una filial de origen mexicano—, no cuenta con el respaldo de la comunidad.
Impacto social y percepción comunitaria
Habitantes de San Francisco Angulo manifestaron sentirse frustrados e impotentes ante la situación. Señalan que la intervención policial generó un ambiente de intimidación y que la comunidad no tuvo condiciones para oponerse de manera efectiva al ingreso de maquinaria.
“La policía debería proteger a la población, no facilitar proyectos que afectan nuestra vida y nuestro entorno”, expresó un residente.
Pese a la tensión, los líderes comunitarios destacaron que la población ha mantenido una postura pacífica, evitando confrontaciones directas.
Llamado a la sociedad y próximos pasos
Las organizaciones hicieron un llamado a la sociedad salvadoreña a acompañar la denuncia y a mantenerse vigilante ante posibles vulneraciones de derechos. Advirtieron que, de no obtener una respuesta institucional en el plazo legal, recurrirán a otras instancias nacionales e internacionales.
“El respeto a la memoria histórica y a la dignidad de las víctimas no es negociable. No se puede permitir que un sitio con estas características sea utilizado para depositar desechos”, concluye el pronunciamiento.
