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Denuncian intimidación contra líderes indígenas de la zona occidental del país

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Las comunidades indígenas de la zona occidental del país y organizaciones como MESUTSO, el Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales, el Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco (MUINA), y el Concejo Ancestral de los Comunes de los territorios Indígenas (CACTI) denunciaron, en las últimas horas, la intimidación por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en contra de líderes comunales indígenas.

La denuncia pública se conoció en horas de la tarde de este miércoles 30 de agosto, luego de que “un miembro de la Policía Nacional Civil y cuatro elementos de la Fuerza Armada llegaron a la casa de un líder comunitario nahua, ubicada en la zona del cantón Pushtan, Nahuizalco, Sonsonate”, informaron a través de un pronunciamiento firmado por las organizaciones antes mencionadas.

El objetivo de la acción, se dijo por parte de los denunciantes, era que los elementos de seguridad querían el Documento Único de Identificación de la madre, de la esposa y de la hermana de la persona que fuera intimidada por las autoridades de seguridad pública. “Al cuestionarles el porqué de tales acciones, los representantes de la PNC guardaron silencio, mientras un soldado expresó que era por una investigación”.

La situación ha generado preocupación por parte de las comunidades y organizaciones, que se han visto activamente en la resistencia y lucha por defender los recursos naturales y evitar la destrucción de sitios sagrados en la zona donde habitan las comunidades indígenas de la zona occidental del país. En Nahuizalco, la lucha ha estado alrededor de la defensa del río Sensunapán, que es amenazado por el interés de sectores privados y con aval de autoridades del Estado, para construir una octava represa que afectaría la biodiversidad de la zona.

“Es de recalcar que estos hechos tuvieron lugar solamente un día después que el líder nahua estuviera presente en una protesta comunitaria”, dice el comunicado. Se informó que ya se ha hecho llegar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, medios de comunicación nacionales y extranjeros, y organizaciones hermanas, la denuncia.

Las organizaciones indígenas lamentan que se den estos actos de intimidación, sobre todo, cuando las comunidades o las personas luchan por defender sus territorios, y lo que piden es evitar el deterioro que sufre la madre tierra. Se aseguró que la persona que está siendo “investigada”, es uno de los líderes que mantiene su voz de resistencia en defensa de los territorios.

“Ante estos hechos, se hace necesario recordar al Estado salvadoreño que el C-107 de la OIT, denominado “Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales” (firmado y ratificado por El Salvador), estipula en su art. 10 que “las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán ser objeto de protección especial contra la aplicación abusiva de la detención preventiva”, por lo que este tipo de actividades por parte de los cuerpos de seguridad se considera otra violación a los derechos de estas poblaciones ancestrales”, enfatiza la denuncia.

Por lo tanto, instan al Estado a respetar los derechos de las poblaciones indígenas, instruyendo a las autoridades en materia de respeto a los derechos; y a las “organizaciones indígenas hermanas y de defensa de derechos humanos, estar pendientes ante una posible escalada represiva contra los miembros de las comunidades indígenas organizadas”.

Llaman a acompañar los esfuerzos de estas poblaciones, “en las que las compañeras son tres veces oprimidas por el sistema: mujeres, indígenas y de escasos recursos”, concluye la denuncia pública.

 

Cabe recordar que hace unos meses atrás, en el marco del Régimen de Excepción, que mantiene desde hace más de un año, el actual gobierno salvadoreño, varias organizaciones indígenas de otras zonas del país han venido denunciando intimidación, persecución y hasta amedrentamiento por parte de autoridades de seguridad pública, que llegan a sus espacios u hogares a solicitar documentos, información de lo que hacen, y otros hechos que les preocupan, por lo que han demandado la atención de organismos internacionales que velan por los derechos humanos.

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