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El Colectivo Socio-Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos” exige al Fiscal General de la República que garantice el pago de los ocho millones exigidos por el CIADI en su laudo final, en el caso de Pacific Rim. Foto Diario Co Latino/ Ludwin Vanegas.

Denuncian impago de Oceana Gold de costas procesales y amenazas a ambientalistas

@SilviaCoLatino

Omar Serrano, Vicerrector de Proyección Social de la UCA e integrante del colectivo  “Cuidemos La Casa de Todos”, expresó su preocupación por la demora en el pago de 8 millones de dólares por costas procesales que fijó el CIADI en el “laudo arbitral” a favor del Estado salvadoreño, frente a una demanda millonaria de OceanaGold, antes Pacific Rim.

“Nos alarma que pese a que los fallos del CIADI son de obligatorio cumplimiento, vamos sobre un mes desde la resolución y la empresa Oceana Gold no ha dado muestras de querer honrar el dictamen es decir, entregar los 8 millones de dólares para el Estado salvadoreño. Y nos preocupa también, que los portavoces de esta empresa minera en Cabañas se han vuelto más agresivos en contra de la población que se opone a la minería, cuando ya no tienen razón de estar en ese territorio”,  explicó.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)  emitió el pasado 14 de octubre del presente año, el dictamen del “laudo arbitral” que tuvo  un  desenlace a favor del pueblo salvadoreño y mandó que la empresa minera Oceana Gold cancelara 8 millones de dólares, por costes procesales.

El Colectivo “Cuidemos la Casa de Todos” reiteró que el dictamen del CIADI comprobó la negativa de la población a la industria minera a partir de la densidad poblacional, crisis del agua y los procesos contaminantes a largo plazo de esta actividad extractiva. “Se nos han reportado amenazas a activistas y ambientalistas que se oponen al trabajo de Oceana Gold  y estamos hablando de días recientes; lo que preocupa es que, quienes trabajan para la empresa que tiene prohibido toda actividad de exploración y extracción minera, sigue con su presencia a través de su Fundación El Dorado, en Cabañas, y en lugar de calmarse se han vuelto más agresivos con los ambientalistas de la zona”, acotó.

Mientras, Guillermo Navarro, de Cáritas de El Salvador, reconoció que la Conferencia Episcopal abordó este tema y se han sumado a diversos actores sociales que defendieron la postura de la población, de negarse a que sus territorios sean utilizados para la extracción minera.

“Como lo ha dicho la Conferencia Episcopal en el año 2007 y 2011, que la minería metálica es nociva para el medio ambiente, y en concreto, en la salud de la gente, y porque plantea una amenaza la creación que la Iglesia Católica denomina el cuido de la Casa Común. Así como su llamado a los tomadores de decisión para que de una vez por todas prohiban la minería en el país por su inviabilidad”, dijo.

Gloria Recinos al frente de  Catholic Reliefe  Service (CRS) reiteró el esfuerzo de la Iglesia Católica en El Salvador en la protección de los recursos naturales y salvaguardar la vida de la población citando el documento “Laudato Si” (Alabado Seas),segunda encíclica del Papa Francisco.  “Marcelo Rivera, Esperanza Velasco, Horacio Menjívar, Ramiro Rivera y Dora Sorto todos ellos y ella, salvadoreños que por su afán de defender lo que, por naturaleza nos corresponde tuvieron que donar sus vidas, vidas arrebatadas y no podemos olvidar a estas personas, ni a sus familias y nos apoyamos en el artículo 1 de la Constitución de la República que reconoce a la persona humana como el origen y el fin  de la actividad del Estado o sea, todo lo que amenaza la vida de las personas debe ser erradicado”, sostuvo.

El colectivo socio ambiental exigió tres demandas  al Estado salvadoreño en su conjunto iniciando con el Ministerio de Gobernación y la Directora del Registro de Asociación y Fundaciones sin Fines de Lucro, a que tomen las medidas  para la suspensión de operaciones de la Fundación El Dorado en el departamento de Cabañas y que prohiban a la empresa Pacific Rim/Oceana Gold en el país.

Así también, que el Fiscal General de la República garantice el pago de 8 millones de dólares, exigido por el CIADI en su laudo arbitral confiscando los bienes de la empresa y su fundación en caso de incumplimiento. Y que la Asamblea Legislativa inicie la discusión de una nueva Ley de Minería que proteja los recursos naturales y los derechos de la población salvadoreña.

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