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Redacción Nacional
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El reconocido youtubero Marcelo Larín, denunció en su canal de YouTube, el espionaje del gobierno del presidente Nayib Bukel contra periodistas y analistas críticos, lo que abre el debate sobre el estado de las libertades civiles en El Salvador y la dictadura en marcha.
El viernes pasado, Julio Villagrán, conductor del programa Encuentro con Julio Villagrán, denunció que el miércoles por la noche, participó de una cena con los analistas y críticos del gobierno Miguel Fortín Magaña y Ronald Umaña, y que el jueves supo que un periódico digital, vinculado al oficialismo, publicó fotografías de los que estaban alrededor de la mesa, con una noticia con información alejada de la realidad.
Para Marcelo Larín, publicar esas fotos de las personas reunidas en un restaurante, como evidencia del “persecución política y espionaje” del gobierno contra “los opositores”.
Las acusaciones apuntan al entorno del gobierno del presidente Nayib Bukele, señalando que este tipo de prácticas podrían formar parte de una estrategia para vigilar o intimidar a quienes expresan opiniones contrarias a la línea oficial. Aunque no hay confirmación oficial de que se trate de una política estatal, el hecho ha generado preocupación entre organizaciones y ciudadanos que defienden la libertad de expresión.
En este contexto, también ha sido mencionado el medio digital Diario La Huella, al que sectores críticos consideran cercano al oficialismo. La publicación de imágenes de personas identificadas como opositoras ha sido interpretada por Larín y otros como un acto que podría exponerlas públicamente y generar presión o intimidación.
Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Diversos usuarios han expresado que este tipo de situaciones podría enviar un mensaje preocupante: que incluso en espacios cotidianos, como restaurantes o reuniones informales, las personas que disienten del gobierno podrían estar siendo observadas. Para algunos analistas, esto podría contribuir a un clima de autocensura, donde ciudadanos eviten expresar sus opiniones por temor a represalias.
El debate ha llevado incluso a comparaciones históricas con contextos autoritarios. Algunos comentarios evocan lo ocurrido durante la dictadura de Francisco Franco en España, así como en regímenes militares de Chile bajo Augusto Pinochet y en Argentina, donde la vigilancia y el control social fueron herramientas utilizadas para limitar la disidencia. No obstante, este tipo de comparaciones deben analizarse con cautela, considerando las diferencias de contexto histórico y político.
A estas denuncias se suman reportes ciudadanos sobre restricciones en espacios públicos. Algunas personas han señalado haber sido impedidas de grabar contenido o permanecer en lugares como el Palacio Nacional, lo que consideran una limitación a derechos básicos en espacios que, en teoría, son de libre acceso.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial específico sobre estos señalamientos. Sin embargo, el tema se inserta en una discusión más amplia sobre el equilibrio entre seguridad, control estatal y respeto a los derechos fundamentales. El gobierno ha defendido en reiteradas ocasiones sus políticas, argumentando que han sido necesarias para combatir la criminalidad y garantizar el orden público.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos insisten en la importancia de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la reunión, pilares fundamentales en cualquier sistema democrático. Advierten que cualquier acción que pueda interpretarse como vigilancia o intimidación debe ser investigada y aclarada para evitar vulneraciones a estos derechos, aunque, también reconocen que es la forma de actuar de las dictaduras.
La controversia evidencia el nivel de polarización que vive el país y plantea interrogantes clave: ¿hasta dónde puede llegar el control estatal sin afectar las libertades individuales? y ¿cómo garantizar que la seguridad no se convierta en un argumento para restringir derechos?
Mientras no exista una aclaración oficial sobre lo ocurrido, el debate continuará abierto, y señalando al actual gobierno de autoritario y hacia una dictadura.
