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Organizaciones de la Sociedad Civil y Memoria Histórica, exigen justicia en el caso de monseñor Romero y en las masacres ocurridas durante el conflicto armado. Foto Diario Co Latino/Fernando Velásquez

Demandan justicia y respeto constitucional en casos de Lesa Humanidad

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

La suma de los años de retardación de justicia en varios casos de Lesa Humanidad en el país son evidentes para las víctimas y organizaciones de derechos humanos, quienes este lunes pasado presentaron una lista de exigencias a la institucionalidad judicial y del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

El magnicidio de san Óscar Romero, que suma los cuarenta años, sin ningún avance en la investigación, solo se cuenta con el señalamiento al exmilitar Álvaro Saravia, pese a un grupo de implicados entre hechores materiales e intelectuales, que menciona el Informe de la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En igual situación se encuentra la investigación de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, que según cifras oficiales sumaron mil personas; de ellas, 542 fue población infantil. Llegaron a los 39 años sin que las autoridades de Gobierno permita avances sustanciales, como el bloqueo a las diligencias judiciales, del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, que no tuvo acceso a los archivos militares de la época.

Y la conmemoración de los 31 años, de la Masacre de los Sacerdotes Jesuitas y sus trabajadoras, Elba y Celina, en el marco de la Ofensiva Hasta el Tope, de noviembre de 1989. Así como, otras masacres, desapariciones forzadas y casos de tortura y asesinato, que convierten a El Salvador en un “Estado de Impunidad”, consideró Fredy Sandoval de Concertación Romero.

La Comisión Construcción de Paz, Antimilitarismo y No Violencia de la Gran Alianza ConVida 20; luego del foro Impunidad, Memoria y Esperanza en El Salvador, lanzó la campaña de firmas en demanda de justicia para san Óscar Romero y la Masacre de El Mozote y sitios aledaños.

“Queremos justicia para el Caso de Monseñor Romero y Masacre El Mozote, pedimos al fiscal de la República (respuesta) con el aviso que recibió desde las organizaciones el 2 de octubre de este año. Y el oficio del juez Guzmán, para que investigue si el presidente Nayib Bukele y el ministro Merino Monroy, sobre si cometieron delitos o no, al negar el acceso a los archivos militares, esperamos una pronta investigación”, explicó Sandoval.

Sobre la campaña de firmas, agregó que se abrió en el marco del 33 aniversario del asesinato de Herbert Anaya Sanabria, y fue cerrada ayer en conmemoración del 31 aniversario de la Masacre de los Sacerdotes Jesuitas, que consideraron una manera de honrar la memoria de los mártires.

“Las firmas han venido de 31 países y hemos recibido 542 firmas, de las cuales 471 son personas naturales y 71 organizaciones sociales. Consideramos que esta es la exigencia, son valiosas por la creciente exigencia nacional e internacional de justicia. En las que destacamos la de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina; Martín Almada, Premio Nobel Alternativo, Paraguay; así como organizaciones como SICSAL, SOA Watch, Estados Unidos, Pax Christi Internacional y varios comités de San Romero”, afirmó.

Sobre el atraso en investigaciones de estos hechos de hace tres o cuatro décadas atrás, David Ortiz, colaborador jurídico de FESPAD, indicó que, desde el 13 julio de 2016, el Estado salvadoreño, ha dejado de tener la “excusa”, que consideró no tenía base legal, para no investigar las graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado, con la derogación de la Ley de Amnistía.

“El Estado salvadoreño sigue sin investigar, sin judicializar y sin sentenciar a las personas que cometieron graves crímenes durante el conflicto armado. Hemos visto pasar muchos fiscales en esta institución y todos dicen que van a investigar y hacen promesas a las víctimas. Es por esto que venimos a exigirle al fiscal Raúl Melara su obligación de investigar este tipo de casos de manera expedita y presentarlos ante un tribunal, para poder establecer la responsabilidad de cada uno”, manifestó Ortiz.

Gloria Anaya, del Colectivo “Herbert Anaya Sanabria”, quien fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamental (CDH), y fue asesinado el 26 de octubre de 1987, y por su trabajo como defensor de derechos humanos en esa época sufrió tortura, secuestro y encarcelamiento, que culminó con su asesinato.

“Estamos aquí presentes para expresar nuestra solidaridad con las víctimas de graves crímenes de Lesa Humanidad que se han dado en el país, por muchísimo tiempo y por siglos hemos sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y como dijo Monseñor Romero -el origen de todas las violencias, es la violencia estructural, la concentración de la riqueza- y es por las masacres, asesinatos y toda la violencia que se ha tenido contra nuestro pueblo, que históricamente se ha levantado contra la injusticia, es que se dio la guerra en el país y luego, vinieron los Acuerdos de Paz”, reseñó Anaya. En cuanto a la demora en brindar justicia a las víctimas, Gloria Anaya señaló que es una deuda histórica del Estado salvadoreño, que no ha respondido los cuestionamientos de las víctimas sobre quiénes fueron los autores, los financistas, los que ordenaron y encubren esos Crímenes de Lesa Humanidad.

“Al presidente Nayib Bukele, le pedimos que cumpla a cabalidad las leyes de la República y las relativas a compromisos internacionales del Estado salvadoreño en relación a los derechos humanos. En los casos del asesinato de san Óscar Romero y la apertura de los archivos militares que ayuden a determinar la verdad y la justicia sobre la Masacre de El Mozote. Y al ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y los involucrados en la cadena de mando someterse al poder civil y las leyes nacionales e internacionales que ha ratificado el Estado Salvadoreño”, puntualizó.

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