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Marisol Miranda
@DiarioCoLatino
La Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) e integrantes de Radio La Voz de Mi Gente presentaron una demanda ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que se investigue a Joel Ramírez Acosta, alcalde de Tacuba, del departamento de Ahuachapán.
El jefe edilicio, que representa al partido ARENA, es señalado de amenazar a dos locutores de la radio La Voz de Mi Gente con procesarlos judicialmente por utilizar ese medio de comunicación para realizar propaganda política partidaria y de difamar a su persona.
Leonel Herrera, director de ARPAS, dijo que el alcalde les mandó una carta donde les manifestaba su descontento y amenazas hacia el medio de comunicación; en respuesta, ellos le enviaron una carta donde exponían sus derechos como comunicadores comunitarios.
Herrera afirmó que el edil utiliza el sistema judicial para mantener a las personas procesadas y probablemente utilice la misma estrategia con los compañeros de la radio a fin de que desistan del trabajo comunicativo comunitario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta que cualquier declaración o advertencia expresada en forma pública o privada por funcionarios públicos, orientada a limitar o coartar el ejercicio de periodistas y medios de comunicación, constituye violación a la libertad de expresión.
“La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está siempre pendiente de las situaciones más en el contexto electoral, también consideramos que toda entrevista y actos que todos los medios de comunicación hagan para difundir el pensamiento y las opiniones son de alta necesidad en la coyuntura electoral”, dijo Ricardo Gómez, procurador adjunto de la PDDH. También explicó que los funcionarios deben comprender que expresarse libremente, difundir las opiniones y ser objeto de cuestionamiento no puede ser considerado una afrenta a su honor, su dignidad y menos si el contexto está dentro de entrevista o debates que son sanos para la democracia.
