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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa continuarán -el viernes próximo- con el estudio del anteproyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, sesión en la que definirán a los entes obligados en dicha normativa.
La instancia legislativa redefinirá qué tipo de las profesiones, tipos y giros de los negocios estarán obligados a reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de sus clientes a la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta iniciativa de ley en estudio reemplazará a la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos vigente desde 1998 y que a juicio de los legisladores define a casi todas las sociedades mercantiles como sujetos obligados, lo que limita los procesos de investigación.
En relación a este tema, representantes de la Oficina País de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) recomendaron a los legisladores que el marco legal en construcción debe priorizar aquellas actividades económicas más vulnerables al blanqueo de dinero sucio.
La UNODC consideró que la legislación actual define como sujeto obligado a casi todas las personas naturales y jurídicas, por lo que se vuelve ineficiente en el combate de lavado de dinero y activos según estándares internacionales.
El anteproyecto de ley en estudio mantiene a los partidos políticos, bancos, importadores de vehículos como sujetos obligados a rendir informes de posibles casos de lavado de activos, además, incluye a las cooperativas con activos de más de $750.000.
La Comisión de Seguridad también estudia la incorporación de gasolineras y operadores turísticos como sujetos obligados, ya que eventualmente pueden prestarse para lavar dinero.
En cuanto a las profesiones tipificadas como tales, la instancia legislativa propone que se incluya a abogados.
