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Redacción Nacionales
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Este jueves, el Tribunal de Sentencia de San Vicente continuó con la audiencia de vista pública contra ocho ex combatientes vinculados al caso conocido como Santa Marta. Durante la jornada, la defensa presentó pruebas de descargo.
El abogado Pedro Cruz informó, previo a la audiencia, que ese día presentarían evidencias clave que demostrarían la inocencia de los procesados.
“La expectativa es que se esclarezcan los hechos y se llegue a la verdad. El primer testigo ya fue claro al señalar dónde se encontraban las personas procesadas en las fechas en que la acusación sostiene que cometieron el delito”, explicó Cruz.
Según el abogado, con la evidencia testimonial se ha logrado establecer que los imputados no se encontraban en el lugar donde ocurrieron los supuestos hechos en agosto de 1989.
“Es información importante y contundente que demuestra dónde estaban y qué hacían en ese momento”, recalcó.
La defensa decidió prescindir del testimonio de Eugenio Chicas, considerando que los dos primeros testigos aportaron toda la información necesaria y escuchar a Chicas no añadiría datos nuevos. Durante la audiencia, los testigos afirmaron que entre julio y noviembre de 1989, los acusados estaban en Guazapa, preparando la ofensiva guerrillera en Soyapango, lejos del lugar del crimen señalado.
Movimiento social respalda a líderes ambientalistas
Organizaciones sociales se concentraron frente al Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador para exigir un juicio justo y una resolución favorable para los imputados.
Salvador Ruiz, de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa, expresó su respaldo a los líderes:
“Nos solidarizamos con los líderes ambientalistas porque enfrentan un proceso amañado. Sabemos que esto busca amedrentar y desarticular la resistencia contra los proyectos mineros que se quieren imponer en el país”.
El caso Santa Marta inició el 11 de enero de 2023, con la captura de Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García, acusados de un supuesto asesinato ocurrido en 1989.
Organizaciones denuncian que estas detenciones responden a su papel protagónico en la oposición a la minería metálica.
Pese a los esfuerzos históricos de las comunidades por prohibir la minería metálica, el Gobierno de Nayib Bukele ha reactivado esta actividad. Las organizaciones sostienen que la persecución a los líderes busca frenar el avance de la resistencia.
Milton Rivas, hijo de uno de los imputados, pidió la liberación inmediata y la absolución definitiva de los líderes:
“Esperamos que sean absueltos. Lo positivo es que la audiencia no ha sido suspendida y se ha desarrollado con normalidad. Confiamos en que finalice este jueves con una resolución favorable, basada en evidencias, las cuales la Fiscalía no ha logrado presentar en 30 meses de investigación”.
Los líderes comunitarios enfrentan la vista pública por un supuesto homicidio cometido durante el conflicto armado, aunque, según las organizaciones, la Fiscalía General de la República no ha podido demostrar que el delito ocurrió.
