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José Acosta
El acceso al agua es, o debería ser, un derecho humano básico. Sin agua la vida deja de existir. Esa dependencia requiere que las decisiones de cómo se gestionan y asignan los recursos hídricos sean tomadas por el Estado, teniendo como prioridad la necesidad de las mayorías y garantizando que aún aquellos que son incapaces de pagar tienen el agua que necesitan para vivir con dignidad.
Esto es especialmente necesario en nuestro país, en donde la derecha legislativa y empresarial está maniobrando para promulgar una ley que entregaría la gestión del agua a una entidad controlada por intereses privados, lo que equivale a convertir el agua en una mercancía o, en todo caso, a designar su uso a medida y conveniencia de la gran empresa privada.
Esta maniobra quedó en evidencia recientemente cuando la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la Asamblea Legislativa, acordó reiniciar la discusión en torno a la ley del agua tomando como base el anteproyecto denominado “Ley Integral del Agua”, el cual fue elaborado por la ANEP e ingresado al parlamento a iniciativa de los partidos de derecha.
Afortunadamente la reacción del pueblo no se ha hecho esperar, mediante inspiradoras y enérgicas protestas ha resurgido la esperanza de que se puede vencer el mezquino interés de privatizar el agua y que la presión popular logrará que finalmente se promulgue una ley general de aguas con un enfoque de derecho y con gestión estatal.
Por su parte, la ANEP, ARENA y sus partidos satélites sostienen que no se está planteando ningún tipo de privatización, que son falsas acusaciones, declaran que su intención es mejorar el servicio que ofrece ANDA; no obstante, carecen de credibilidad, ya que con similares discursos de supuestos beneficios en el pasado privatizaron la banca, impusieron la dolarización, firmaron tratados de libre comercio, promovieron la minería e implementaron otras medidas neoliberales que tanto daño han causado al país.
También argumentan que es una manipulación por parte del FMLN, con el objetivo de desviar la atención de supuestos casos de corrupción. “Lamentamos la utilización de la violencia y engaño al pueblo salvadoreño de parte del FMLN”, escribió la ANEP en su cuenta de Twitter, un día después de que la Universidad Nacional realizara una acción de protesta que fue recibida con gas pimienta en la entrada de la Asamblea.
Nada más absurdo y falso pensar que el FMLN puede controlar a su antojo a una amplia diversidad de organizaciones sociales y a las instituciones que se están movilizando por la defensa del agua. Por ejemplo, la Iglesia católica está realizando una campaña de recolección de un millón de firmas, en todas las parroquias a nivel nacional, ningún partido político tiene la capacidad de lograr que la Iglesia se movilice de esta manera.
Lo último que se ha conocido es que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático propuso una votación para asumir el compromiso de no privatizar el agua, ante lo cual los diputados de derecha levantaron la mano; no obstante, cuando se les ha pedido muestras concretas de ese tipo de compromiso, como por ejemplo asumir los 92 artículos de la Ley General de Aguas, acordados en las legislaturas anteriores, se han hecho los desentendidos, evidenciando su hipocresía.
Lo cierto es que la derecha empresarial y legislativa no va a desistir fácilmente de su interés de privatizar el agua. Le corresponde al pueblo estar prevenido y no permitir, bajo ninguna circunstancia, que intereses privados se apropien del control del agua. La movilización tiene que ser masiva y constante hasta lograr que la Asamblea Legislativa proclame una ley que garantice el derecho humano al agua para toda la población.
