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Fueron alrededor de 300 persona que salieron a las calles de San Salvador para exigir que sus familiares detenidos arbitrariamente recuperen su libertad. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

De víctimas de pandillas a víctimas del Estado

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

“Yo fui víctima de las pandillas hace 6 años, me quisieron asesinar. Ahora estoy con este dolor porque capturaron a mis hermanos, ellos están detenidos injustamente porque no pertenecen a nada”, relataba Isabel de la Cruz Ramírez Hernández, una sobreviviente al fenómeno de las pandillas, quien, en las afueras de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos exigía al Estado salvadoreño que liberen a sus hermanos capturados en el Régimen de Excepción, ya que no tienen vínculos con esas estructuras.

La familia Ramírez fue víctima de las pandillas hace 6 años; ahora, es víctima del Estado aprovechándose de una herramienta como el Régimen de Excepción para encarcelar a personas inocentes. “Lo que más me duele es que yo he sido víctima y ahora mis hermanos podrían estar encerrados en un lugar donde incluso pueden estar los que a mí me hicieron el daño en mi rostro por no pagar renta (en esta parte de la entrevista, se tocó su lado izquierdo del rostro para mostrar el daño que pandilleros le habían causado a raíz de una golpiza)”.

“A mí me hicieron una llamada telefónica donde me exigían una cantidad y yo no contaba con ese dinero, luego me dijeron que me hiciera presente a un lugar para llegar a un acuerdo y pagar esa cantidad, ya que de lo contrario iban a atentar con mi familia. Cuando me hice presente, los pandilleros me rodearon y ya no recuerdo nada, solamente vi cuando uno de ellos recogió una piedra; pero cuando desperté, tenía una semana de estar en el (Hospital) Rosales, porque estuve en coma”, relató Isabel de la Cruz Ramírez.

Así como Isabel de la Cruz Ramírez Hernández cientos de personas alzaron su voz este martes para que el Estado tome cartas en el asunto.

Francisca Emilia Aguilar Garay es madre de uno de los 47 mil detenidos en el Régimen de Excepción, ella aseguró que su hijo es inocente y no tiene vínculos con pandillas, incluso, tenía un viaje a los Estados Unidos el 24 de junio, el cual no pudo realizar, ya que 13 días antes, el 11 de junio, la Policía Nacional Civil lo llegó a traer a su lugar de residencia. Su viaje de trabajo sería por 8 meses, por lo cual tenía una visa, que la madre presentó ante los medios de comunicación.

También, María Julia Sandoval de Recinos marchó este martes para exigir la liberación de su hijo, quien era un joven trabajador y a la misma vez estudiante de electricidad en la Universidad Don Bosco, quien deja a dos hijos sin llevarle el sustento a su hogar. Él fue capturado hace tres meses, y desde entonces la madre no sabe algo al respecto.

Los familiares de detenidos injustamente en el Régimen de Excepción marcharon por las calles de San Salvador para exigir su liberación, ya que dentro de los centros penales corren el riesgo de ser heridos, golpeados o incluso asesinados.

El movimiento “Partido Independiente” les dio el apoyo a los familiares de detenidos para que presentaran la documentación de sus presos, tanto en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como en la Asamblea Legislativa.

En la PDDH los familiares de los detenidos pidieron “los oficios” del procurador José Apolonio Tobar en la intercesión en las diferentes instancias de Gobierno en relación a la privación de libertad arbitrariamente de cientos de salvadoreños dentro del Régimen de Excepción.

El presidente del movimiento “Independiente”, Paul Monroy, comentó que “en ningún momento nos oponemos a las capturas de ciudadanos que tengan alguna relación con el crimen organizado en nuestro país, pero no así en la detención de salvadoreños inocentes que su único delito es ser pobre o habitar en zonas estigmatizadas por la sociedad, en su mayoría comunidades marginales donde se etiqueta de delincuentes a todo aquellos que viven en esa zona”.

En ese sentido pidieron a la PDDH que revise los casos de los capturados inocentes, ya que, incluso, muchos de ellos son la principal fuente de sustento en sus hogares. “No es justo que estén pagando cárcel por delitos por los cuales no existen pruebas ni evidencias reales en su contra, sino que más por una llamada telefónica de una persona mal intencionada que por diversos pretenden perjudicar su honor”.

 

Mientras que, a la Asamblea, los familiares de personas detenidas injustamente pidieron que interceda ante los diferentes órganos del Estado, ya que es el congreso quien avala y prórroga el Régimen de Excepción. De no tener una respuesta en las próximas semanas, presentarán un Habeas Corpus en la Corte Suprema de Justicia y procederán ante las instancias internacionales.

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