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La Habana / PL / AFP
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó el lunes de manera enérgica la decisión del gobierno estadounidense de autorizar demandas contra la isla, aunque Washington prorrogó por otros 30 días la aplicación total del Título III de la Ley Helms-Burton.
En su cuenta de la red social Twitter, el funcionario condenó la medida del Departamento de Estado contra compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por la actual administración en la Casa Blanca, la cual calificó de inaceptable amenaza al mundo.
A partir del 19 de marzo, se levantará la suspensión de la posibilidad de presentar demandas en tribunales norteamericanos contra decenas de empresas de la isla incluidas en una lista unilateral del Departamento de Estado, por supuestos vínculos con la defensa y la seguridad nacional.
El Título III de la Ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, permite a cualquier ciudadano o empresa estadounidense presentar demandas ante tribunales del país norteño para reclamar compensación por propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución del 1 de enero de 1959.
Los presidentes de Estados Unidos habían suspendido de manera consecutiva la aplicación del mismo por seis meses, pero en enero pasado, Donald Trump anunció que lo haría por solo 45 días a partir del 1 de febrero, una postura denunciada en la mayor de las Antillas como un chantaje y parte del empeño en recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero.
Estados Unidos habilitó el lunes a demandar en sus tribunales a empresas cubanas que gestionan bienes confiscados a estadounidenses pero no avanzó con su amenaza de habilitar similares acciones contra otras empresas extranjeras en la isla, especialmente conglomerados europeos.
«Hoy estoy anunciando una excepción a la suspensión de 30 días del título III de la Ley de Libertad», anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Esta lista señala a entidades o a subentidades que estén bajo el control de los militares cubanos, los servicios de inteligencia o de seguridad.
«Vamos a seguir estudiando el impacto que tenga estas suspensión en la situación de los derechos humanos en Cuba», dijo el Departamento de Estado en un comunicado en que especificó que las excepciones entrarán en vigor a partir del 19 de marzo.
Cuando la ley fue adoptada en 1996, el Departamento de Estado estimó que existían cerca de 200.000 demandas potenciales.
