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Hay un aparente irrespeto al principio de tipicidad, debido proceso y demás garantías constitucionales y legales de las personas capturadas, que ejercían su derecho y deber ciudadano de disentir ante acciones que les parecen injustas.
Rosario Rivas
@DiarioCoLatino
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de El Salvador (UES) calificó de acciones punitivas las recientes capturas de defensores de derechos humanos, que afectan el estado de derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales.
En su calidad de autoridad de la institución de educación superior pública del país, el Consejo señala que las detenciones de actores sociales y profesionales son acciones punitivas que generan mucha preocupación, en la sociedad salvadoreña y en la comunidad internacional.
Esto, porque hay un aparente irrespeto al principio de tipicidad, debido proceso y demás garantías constitucionales y legales de las personas capturadas; que ejercían su derecho y deber ciudadano de disentir ante acciones que les parecen injustas, señala el comunicado del CSU.
El uso de la fuerza pública en manifestaciones pacíficas, contra personas que exigen sus derechos, es preocupante, ya que el impacto es negativo en el ejercicio del legítimo derecho de la ciudadanía a manifestarse en contra de acciones o decisiones gubernamentales que consideren lesivas a sus derechos e intereses.
A esto se suma la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros cuyo decreto legislativo contiene la denominada Ley de Agentes Extranjeros, que constituye una clara restricción o limitación al derecho ciudadano a la solidaridad internacional y al de asociarse libremente para la consecución de sus fines.
Además, esta impactará negativamente en la población en general y particularmente en los más pobres, hacia quienes tradicionalmente las denominadas ONGs han canalizado la cooperación internacional, llegando así a segmentos poblacionales a los que el Gobierno del Estado no llega, cita el pronunciamiento.
Y agrega que “esto es constitutivo de una amenaza vedada en contra de la existencia de las mismas organizaciones, ya que su inscripción o vigencia, queda a discreción de los funcionarios del gobierno”.
El pronunciamiento también señala que las implicaciones para la democracia y los derechos humanos son acontecimientos negativos y en conjunto, podrían tener repercusiones en situaciones como la atención de las necesidades básicas de las comunidades y sectores sociales, que no son atendidas por el Estado.
Así también, dice el CSU, en la vigencia de los principios democráticos y en el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en tratados internacionales suscritos por El Salvador.
El llamado del CSU es a las autoridades competentes para que garanticen el respeto al debido proceso y a las libertades fundamentales de todas las personas naturales y jurídicas, independientemente de su afiliación o actividad profesional.
El Consejo Superior solicita el desarrollo de una política de Estado, que lejos de limitar el tejido social organizado y cerrar las puertas a la cooperación internacional que se canaliza por esa vía potencie el trabajo de las instituciones que trabajan verdaderamente en beneficio de los más necesitados y el fortalecimiento ético y responsable del sistema democrático nacional.
Con esto se podrán crear condiciones para que la cooperación pueda seguir dando su apoyo, con la garantía que su aporte va directamente a los beneficiarios del servicio.
