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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jaime Campos, dijo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ignorado sus propios criterios aprobados el año pasado, para someter a examen final las declaraciones patrimoniales de casi 500 exfuncionarios públicos entre diputados, exmilitares, exmagistrados del TSE y exministros de la administración del expresidente Mauricio Funes.
“¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Que, aparentemente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no tomó en cuenta sus propios criterios y simplemente se dejó ir por la petición de dos particulares”, manifestó Campos en el programa Debate del Canal 35.
La CSJ ha girado la orden para que la sección de Probidad lleve a cabo el denominado examen final de las declaraciones de probidad presentadas por los funcionarios del gabinete de Funes (2009-2014), de los diputados propietarios y suplentes de las legislaturas 2009-2012 y 2012-2015, que sumarían alrededor de 330 exlegisladores, además de exdiputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del período 2009-2015 y varios exjefes militares de la administración del expresidente Alfredo Cristiani.
“En todos los países del mundo donde existe un sistema de gestión de enriquecimiento ilícito, han dicho expertos que es virtualmente imposible que se investigue a todos los funcionarios por eso es importante, como lo determinó la corte en pleno en mayo del año pasado, establecer criterios y con base a esos criterios iniciar las investigaciones para llegar a un examen final”, consideró el integrante del IAIP.
Según Campos, según la ley Probidad debe hacer una revisión de todas las declaraciones de probidad que recibe, pero no todas pueden someterse a una investigación rigurosa porque no existe la capacidad para hacerlo y además, se desperdiciarían recursos.
“Si no encuentra ningún indicio emite un documento que se llama finiquito total, pero eso no significa que al investigar un caso pueda identificarse algún caso de enriquecimiento ilícito, sino que es un análisis preeliminar…Lo que (ahora) ordena la Corte Suprema de Justicia no es el análisis preeliminar es el examen final, el que no se tiene”, explicó.
Según Campos, con la orden emitida por la Corte Suprema se han metido en la lista a muchos exfuncionarios que no tienen nada que ver con acciones ilegales. “El escrutinio ciudadano es bueno, pero también van justos por pecadores: se investiga a funcionarios que no tienen indicios(de enriquecimiento ilícito)”, señaló.
El abogado Humberto Sáenz, presidente de la organización Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), señaló que Probidad no tiene capacidad para investigar más de 200 casos y que “terminaría en 30 años”. Por otra parte, Campos también se refirió a las críticas de la ANEP en contra del Gobierno al que acusa de manipular la elección de los candidatos a comisionados del IAIP por parte del sector empresarial. La gremial afirma que la persona que fue electa por cooperativas como candidato a comisionado en representación de la empresa privada es afín a la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Campos dijo que los sectores que, según la ley, pueden proponer candidatos a integrar el IAIP, en este caso las asociaciones empresariales, proponen el cargo de comisionado, pero que este nuevo funcionario deja de representar intereses sectoriales porque representa los intereses de la colectividad. “Una cosa es proponer candidatos y otra cosa es representar intereses de ciertos sectores”, señaló.
Por su parte, el abogado Eduardo Escobar, integrante de la organización Acción Ciudadana, dijo que no se puede descartar el interés de controlar el IAIP por parte de cualquiera de los sectores con capacidad de proponer a los integrantes de ese organismo.
“Aquí no hay que descartar a ningún sector político ni sector económico ni social que pueda tener incidencia dentro del instituto, no hay que descartar ni al gobierno, ni a los partidos, ni a las gremiales, cualquiera va querer tener incidencia dentro del Instituto por la función que desempeña”, señaló.
La ANEP ha mostrado una fuerte beligerancia contra el Gobierno luego de la elección del aspirante a magistrado propietario del IAIP, con quien no se siente identificado.
“No sería loco pensar también eso, que la ANEP pueda tener un interés de tener gente afin dentro del instituto para garantizar el control sobre el Gobierno, eso creo que no puede descartarse”, dijo Escobar en la entrevista de canal 35.
