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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Leonardo Ramírez Murcia manifestó el miércoles que la Sección de Probidad tiene 510 casos de indagaciones a funcionarios públicos sobre la legalidad de sus patrimonios.
El también coordinador del Comité de Ética y Probidad de la CSJ manifestó que de ese gran total de expedientes registrados, existen 127 casos prescritos que en este momento son tema de debate entre los magistrados.
No obstante, la comisión que él coordina y los magistrados ya sentaron posición. “Frente al tema de la prescripción, la ciudadanía debe de conocer que hay una decisión clara de parte de la Comisión de Ética y Probidad, y avalada por Corte Plena, de que no vamos a dejar prescribir ningún caso”, manifestó Ramírez Murcia.
El togado añadió que para los casos prescritos se tendrá que «encontrar una ruta de solución», pero aquellos que están a tres o cuatro meses de prescribir, «están siendo trabajados y dentro de poco estarán llegando a Corte Plena para resolverlos».
El magistrado aclaró que la Corte no tiene responsabilidad en la prescripción de esos 127 casos, sino que se trata de solicitudes presentadas por la ciudadanía para indagar antiguos expedientes.
“Recordemos que hace tres años hubo una lluvia de demandas, de peticiones a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pidiendo que se investigara ciudadanos; inclusive, llegaron a pedir (los informes de probidad de) todo el listado de diputados de un determinado periodo”, explicó el magistrado durante entrevista con Noticiero Hechos de Canal 12.
Argumentó que la Corte no puede negarse a la petición de ningún ciudadano, pero no se le puede dar respuesta de inmediato porque las capacidades de la sección de Probidad son “muy mínimas”.
Ante las limitantes logísticas y de recursos por parte de la Sección de Probidad, y las demandas de la ciudadanía por conocer el origen de los ingresos de los funcionarios, se llegó a la conclusión de establecer parámetros para priorizar casos.
Una de las propuestas es hacer un estudio preliminar de cada caso con información financiera básica.
Añadió que en el tema de la prescripción de casos, hay diferentes opiniones al interior de Corte Plena sobre el proceso a seguir. A criterio de Ramírez Murcia, debido a la “carga de trabajo”, la Sección de Probidad debe priorizar en estos momentos los casos que no han vencido.
El magistrado dijo que están trabajando en la Ley de Enriquecimiento sin Causa para sustituir a una Ley de Probidad, que es preconstitucional, pues data de 1949, con la cual se ha venido ejecutando el trabajo. Además, se tiene ya un reglamento que define claramente los mecanismos y procedimientos a futuro, para hacer el trabajo de investigación que antes se desarrollaba con base a criterios.
Informó además que Corte Plena conoció los datos generales sobre el caso del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Walter Araujo, pero se ha pedido ampliación por la mención de otra persona en ese expediente.
“El caso está pendiente de que lo conozca corte plena, está en este momento en manos de la persona para que presente la argumentación, la justificación que respalde determinado monto que se le hace como observación”, afirmó Ramírez Murcia.
