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Crítica certera

@arpassv

Las recientes críticas del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos contra algunas sentencias de la Sala Constitucional son acertadas. El Procurador David Morales considera que resoluciones como la que permite el “voto cruzado” son pobres en argumentos jurídicos, salve   a pesar de su gran alcance e impacto político.

La Sala aprobó que los votantes puedan elegir a candidatos a diputados de diferentes partidos políticos, salve a pesar del llamado a la prudencia que hacía el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que está en la fase final de preparación de los comicios legislativos de marzo próximo.

Otra sentencia de inconstitucionalidad a la que –según el Procurador– le falta mayor ponderación de derecho y sensatez política, es la que impide a los funcionarios públicos participar en actividades proselitistas.

En este espacio editorial también hemos criticado a la Sala por la postergación de algunas resoluciones, que contrasta con la celeridad con que resuelve otros casos. Con especial énfasis hemos cuestionado el retraso en la resolución de las demandas contra la Ley de Telecomunicaciones.

Estas sentencias son necesarias para abrir un proceso de profunda revisión y reforma al marco normativo de las comunicaciones, dado que se refieren a aspectos fundamentales como el mecanismo de asignación de frecuencias, la renovación de las concesiones, entre otros.

En mayo de este año la Sala ordenó la medida cautelar de suspender la asignación de frecuencias por subasta, solicitada en una de las demandas. Sin embargo, seis meses después todavía sigue sin emitir la sentencia definitiva que prometió tener en un período máximo de 30 días.

La otra demanda –que cuestiona la renovación automática de las concesiones, el carácter de bien privado de las frecuencias y la falta de límites antimonopólicos– también está admitida, pero la Sala no parece interesada en resolverla.

En junio pasado la Superintendencia de Competencia recomendó a la Asamblea Legislativa eliminar aspectos que impiden la libre competencia en el ámbito mediático, que coincidentemente son los mismos referidos en las demandas que la Sala tiene pendientes de resolver.

Así que la Sala contribuiría enormemente a la realización de dicha reforma si declarara inconstitucional las cuestionadas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones. Su aporte a la democracia sería valiosísimo, pues ésta no puede profundizarse manteniendo esquemas mediáticos concentrados y excluyentes.

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