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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Los abogados de Cristosal pidieron este martes a la Corte de Cuentas de la República (CCR) investigar las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos para actividades de interferencia e intervención ilegal de las telecomunicaciones de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. La jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, manifestó que los demandados son el presidente de la República, Nayib Bukele; Peter Dumas, director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro y el ministro de Defensa, René Merino Monroy, por haber autorizado la contratación de servicios de inteligencia prestados por NSO group.
Dicho software es ofrecido únicamente a gobiernos, porque es calificado como un arma de grado militar, puede tener acceso a fotos, videos, mensajes, correos, contactos, ubicación por medio de GPS del usuario, WhatsApp, grabar llamadas, y activar de forma remota el micrófono y cámara. En el país al menos 35 personas fueron víctimas de hackeo en sus teléfonos, entre ellos el director de Cristosal.
“Estamos hablando de un software que lleva a cabo actividades ilegales, le permite intervenir e interferir en las comunicaciones de los ciudadanos, la intimidad y privacidad es un derecho que debemos defender. Este software ha sido adquirido por más de $8 millones, esa cantidad solo está al alcance de un gobierno, ningún particular tendría ese monto”, sostuvo. La abogada de Cristosal enfatizó que con esta nueva denuncia ponen a prueba las instituciones del Estado, por lo cual, piden a la CCR investigar la existencia de la compra del software, así como el origen de los fondos y de qué partida salió la compra.
“Teniendo en cuenta la actitud del gobierno de interferir las actividades de los medios de comunicación, la opacidad con la cual ha trabajado y el período en el que fueron intervenidas estas personas evidencian que el Estado está detrás de estos actos, la compañía NSO, propietaria del software Pegasus, ha afirmado que solo puede ser adquirido por gobiernos”, agregó López.
A criterio de la jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, es necesario que la población conozca si existe uso de fondos públicos para este tipo de actividades ilegales, el artículo 24 de la Constitución establece que no se pueden intervenir las telecomunicaciones y solamente se puede hacer con una intervención judicial.
Jonathan Sisco, abogado de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, dijo que la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) exhortó al Estado para investigar estos actos irregulares; la Constitución le otorga potestad a la CCR investigar todo uso de los recursos públicos, incluso la partida de gastos reservados.
“La Asamblea Legislativa está muy interesada en saber cómo se utilizaron los gastos reservados para los sobresueldos, pero en esto, que es una violación sistemática a derechos humanos de los ciudadanos, el Estado no está investigando y pareciera que no le interesa averiguar, existe la posibilidad que actores estatales estén espiando a sus ciudadanos desde hace bastante tiempo”, aseguró. Según Sisco, si hay actos ilegales que son financiados con fondos públicos los funcionarios deben responder ante la justicia, se debe hacer una relación de los hechos y señalar a los posibles responsables, Cristosal hizo relación al análisis forense de The Citizen Lab y de Access Now, este peritaje fue convalidado por Amnistía Internacional.
