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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
En vísperas de una nueva legislación para atender a víctimas por desplazamiento forzado interno, representantes de Cristosal exhortaron al Estado salvadoreño a cumplir y garantizar los derechos de este grupo poblacional, integrado en su mayoría por niñez, adolescentes y mujeres.
Celia Medrano, directora de Cristosal mostró optimismo ante la decisión de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de la Asamblea Legislativa, luego de que aprobaran un dictamen que daría vida al Decreto de Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, que podría ser aprobado este día en la primera Sesión Plenaria de 2020.
“Hacemos un llamado a los y las diputadas para aprobar por unanimidad este dictamen de ley, cuyo contenido lleva estándares mínimos de normativas internacionales sobre esta materia. Y pedimos al presidente de la República, Nayib Bukele sumarse a esta unanimidad legislativa y sancionar el decreto, para dar protección y atención a estas personas en condición de desplazamiento forzado por la violencia”, expresó.
Luego de que algunas familias, junto al acompañamiento legal de Cristosal presentaran seis recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el año 2017, por su condición de desplazamiento forzado interno, se marcó un hito, tanto en el reconocimiento de la existencia de estas víctimas como en la emisión de la sentencia 411-17, que mandó al órgano Legislativo a crear un marco legal que garantizara los derechos de este grupo poblacional. “Esperamos un ejercicio de liderazgo desde la Presidencia de la República, que acate la normativa legal que aprobaría la Asamblea Legislativa y pueda orientarlo desde una implementación estratégica e iniciativas de prevención de la violencia y prevención de la migración forzada, a través de la atención a víctimas desde un enfoque comunitario y con soluciones duraderas a nivel local”, consideró.
Asimismo, Cristosal, en su trabajo de acompañamiento legal y psicosocial ha generado varias propuestas específicas a instancias estatales en diferentes momentos, para atender esta problemática que va al alza. Según la consulta de encuestas o investigaciones de organizaciones sobre el fenómeno social, solo para el año 2018 se tuvo un registro de 220,000 casos y en los últimos meses se acumulan 693 nuevos desplazamientos, de la cual la mitad de afectados se encuentra en el rango de 0 a 17 años de edad y, de ellas, la mayoría son mujeres que demandan una atención integral.
Abraham Ábrego, director del programa de Atención y Acompañamiento a Víctimas de Cristosal señaló que el financiamiento a la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, será entre las prioridades a solventar por el Estado salvadoreño.
“El Ejecutivo tiene la obligación anterior a la ley, generar un rubro específico para víctimas de violencia, eso viene desde el 2018 y eso no se ha cumplido; incluso no se dio, a pesar de que se creó un rubro presupuestario a víctimas de violencia y género, y este rubro lo eliminaron para el presupuesto de 2020. Nosotros propusimos para generar financiamiento una reforma al impuesto de ley de armas o reformas al CES, también que cada institución atienda a estas víctimas a partir de sus presupuestos”, sugirió.
Asimismo, señaló que el cuerpo de la nueva ley debería ser integrado vía reglamento a otros marcos normativos ya existentes, a fin de garantizar fondos presupuestarios, salud, educación, trabajo, cultura y otros aspectos sociales de esa población. “En la propuesta de ley, falta el desarrollo de algunos aspectos de cómo se van a implementar algunas acciones como los sistemas locales de protección, en nuestra propuesta sí desarrollamos este concepto e identificamos a las instituciones que lo harían y a qué estaban obligados; pero hay una posibilidad porque la misma ley establece que el presidente (Nayib Bukele) debe emitir un reglamento para desarrollar lo que tiene esta propuesta y eso sería bueno para mejorar estos aspectos. Creo que más que reformas a las leyes, se necesitan reglamentos y adecuar esta nueva normativa”, aseguró Ábrego.
Cristosal, además, invitó a las autoridades gubernamentales a consultar el Informe Preliminar de la visita “in loco” realizado por la CIDH el pasado diciembre, a fin de la orientación específica que dieron los comisionados en materia de víctimas de desplazamiento forzado interno, que da una visibilidad y ruta de trabajo de las instituciones del Estado.
“La primera petición es que se cumpla la sentencia 411-17 de la Sala de lo Constitucional (CSJ), como parámetro del accionar de todos los poderes del Estado en esta materia; así también, la CIDH observó la falta de protección especializada por parte del Estado y reconoce la obligación del Estado a prevenir la violencia que provoca estos desplazamientos, así como la erradicación de esa violencia y el retorno de esas personas a sus lugares de origen”, señaló Celia Medrano.
