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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Unidad Ecológica de El Salvador (UNES) llamó a la reflexión a la grave crisis ecosistémica, agravada por la COVID-19, el Cambio Climático y la vulnerabilidad ambiental, que ha sido una construcción histórica de un “mal desarrollo” de país.
“Tenemos una grave crisis socio ambiental y, en el marco del Día del Medio Ambiente y el aniversario de la UNES, y el primer año del presidente Nayib Bukele creemos importante señalar que seguimos siendo vulnerables y que esto es el origen de las pandemias y no se ha puesto atención desde el quehacer gubernamental”, dijo Luis González, de la UNES.
Para el ecologista, la ya conocida falta de acceso al agua, por calidad o cantidad; la pérdida de bosques y biodiversidad, la contaminación y degradación de ecosistemas son componentes que afectan la seguridad y soberanía alimentaria y que eleva la vulnerabilidad, ante cualquier evento natural como el impacto generado por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
Con un registro de daños y pérdidas en los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, zonas en donde trabajan junto a las comunidades, considera que estas afectaciones han impactado hasta los medios de vida, como explicó Andrea Padilla, técnica de UNES.
“Todas estas pérdidas se percibieron en la agricultura que es subsistencia de la familia, que según cifras oficiales asciende a 22 millones de dólares; sobre todo, en granos básicos de frijoles, maíz y arroz, que representa el 50 % de la ingesta calórica de la población. Y 22,400 productores y productos que han sido afectadas por estas pérdidas”, explicó.
Sobre el riesgo de desastres, se señalan factores a considerar las amenazas que pueden ser de origen natural, humano o mixto y las vulnerabilidades, que exponen a una amenaza. A la que suman las condiciones y desequilibrios económicos, sociales, culturales de infraestructura y ambiental
Sobre esta situación, la UNES, que ha trabajado por 33 años en el tema del protección del medioambiente, reitera la necesidad de trabajar en la reducción de las vulnerabilidades a nivel nacional y, entre estas, las vulnerabilidades ambientales en especial.
“El monitoreo que efectuamos en la Barra de Santiago, Metalío y Garita Palmera hubo afectaciones graves en las viviendas de las comunidades y las vías de acceso pública, que les dejó incomunicados, y las más graves pérdidas de vidas humanas. Hubo desplazamientos y los albergues no todos contaban con las adecuaciones necesarias para atenderles de manera digna, en el marco de los protocolos de atención a las poblaciones en situaciones de emergencia. Además de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19, que elevó la situación de inseguridad”, argumentó.
Los impactos en las comunidades solo evidencian los efectos de la degradación ambiental, la generación de desastres, muchas veces, por prácticas reincidentes agroindustriales y extractivas como el monocultivo de caña de azúcar, construcciones de grandes centros comerciales y urbanizaciones de edificaciones, que inicia con el cambio de uso de suelo, la impermeabilidad de la precipitación y la afectación de las cuencas hídricas.
“Para citar un ejemplo, los promedios acumulados de lluvia de los primeros 4 días de junio en la cuenca baja del río Paz y la cuenca del río Cara Sucia, ambos en Ahuachapán, superaron en un 50 % sus promedios históricos del mes de junio, lo que implica que en cuatro días cayó el total de lluvias que en el mes de junio cayó regularmente en años anteriores”, acotó.
Ante esta situación, Luis González señaló que los factores ambientales derivados de la dinámica extractiva de las agroindustrias, y el impacto del Cambio Climático se convierten en un reto sustancial para las nuevas autoridades públicas nacionales y municipales, a fin de superar la vulnerabilidad en las comunidades, desde un enfoque de derechos humanos, que integre las grandes brechas económicas y de género; procurando políticas territoriales con visión estratégica y participativa de las familias.
“Al Ejecutivo le pedimos retomar y dar adecuado seguimiento y obligatorio cumplimiento a todas las leyes que desarrollan la protección y rescate del medioambiente, entre estas la Ley Forestal, Ley de Protección de Áreas Protegidas, la Ley de Vida Silvestre, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y la Ley de Medio Ambiente. Porque es una constante en El Salvador, es que la normativa ambiental que existe no se cumple, no se le da seguimiento”, afirmó.
Mientras, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) le solicitaron que deje de entregar permisos ambientales en proyectos generales y en especial los urbanísticos, que aumentan la vulnerabilidad de las comunidades.
Al órgano Legislativo le urgieron la discusión de propuestas de ley para gestionar de manera eficiente y sustentable los bienes ambientales; entre estas, la Propuesta Ciudadana de Ley General de Agua, Ley de Cambio Climático, Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y prohibición inmediata de los agrotóxicos más dañinos, que se encuentran en la comisión del Ambiente y Cambio Climático.
