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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la aprobación de la Ley Bitcoin y las dudas expresadas por economistas, sobre los problemas relacionados a la tranzabilidad, el anonimato, licitud y transparencia de las criptomonedas, Acción Ciudadana consideró un riesgo mayor al financiamiento de los partidos, porque se complejiza la verificación del origen lícito de las transacciones hacia los institutos políticos y pueden volverse anónimas las personas que hacen las transferencias. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, se mostró preocupado por la posible utilización de criptomonedas para financiar campañas electorales, ya que el sistema de financiamiento de los partidos políticos salvadoreños no cuenta con los suficientes controles para evitar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, pues la actual fiscalización a los partidos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Cuentas de la República (CCR) es débil e insuficiente.
Algunos partidos no cuentan con óptimos sistemas de control financiero interno para detectar transacciones sospechosas; tampoco aplican políticas que conlleven buenas prácticas para el manejo y transparencia financiera.
“El sistema de financiamiento de los partidos no goza de un nivel aceptable de transparencia, pues algunos partidos se resisten a dar cumplimiento a la obligación legal de hacer pública la fuente de su financiamiento. Junto con eso, las candidaturas no están obligadas a rendir cuentas del origen y destino de su financiamiento, abriendo la puerta para el ingreso de dinero ilegal.
Escobar destacó la importancia que los partidos políticos mejoren sus actuales mecanismos de control financiero interno, adquieran la tecnología y conocimientos necesarios para manejar donaciones en criptomonedas, a efecto de reducir el riesgo de ingreso de dinero ilícito a la política y hacer transparentes dichos recursos. Adicionalmente, los partidos no solo deben de cumplir con sus obligaciones legales de transparencia, sino practicar la transparencia activa.
También es más urgente que el TSE cree la unidad de fiscalización de partidos, para controlar el dinero que ingresa y gastan los institutos políticos, a la cual debe dotársele de herramientas tecnológicas y personal capacitado en la materia para que fiscalicen las donaciones en criptomonedas que reciban los partidos; lo mismo aplica para la CCR en caso la deuda política sea pagada en bitcoin.
Será más difícil conocer la cantidad y origen de los fondos de los institutos políticos, si con el actual sistema de dólares el Tribunal no fiscaliza, con las criptomonedas será peor, la capacidad del TSE se verá más disminuida, no tendrá las herramientas necesarias para fiscalizar esos fondos que puedan llagar a los partidos por la vía del bitcoin.
“Se introduce una variable que puede significar desequilibrar la competencia electoral y permitir financiamiento ilegal de campañas, no se trata de una discusión tecnológica, sino los efectos que la implementación de este tipo de financiamiento en la política puede tener. El crimen organizado puede valerse de esta nueva modalidad de financiamiento de partidos para influenciar en la política”, recalcó. Según el director ejecutivo de Acción Ciudadana, debe legislarse para que las candidaturas rindan cuentas de sus ingresos y gastos, sean estos en dólares o criptomonedas, y así reducir el riesgo de financiamiento de campañas con fondos ilegales.
