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César Ramírez
@caralvasalvador
Durante años hemos denunciado el abuso que vive la población civil por las arbitrariedades de la actual administración, es un proceso que conocemos muy bien puesto que nuestras generaciones lucharon por la democracia durante los gobiernos autoritarios del siglo pasado, entendemos perfectamente los conceptos: desaparición forzada, secuestros, genocidios, ausencia del debido proceso, corrupción, negación de derechos humanos, persecución política, uso de leyes contra opositores, complicidad de funcionarios, fraudes electorales, reelección inconstitucional etc. el conjunto de estos abusos sumado al modelo sistemático del régimen de excepción concluye en crímenes de lesa humanidad.
Enumerar los casos es un proceso doloroso para las familias que no han sido escuchadas por las autoridades, hemos unido nuestras voces en las calles, asistido a esos encuentros populares donde los padres y madres buscan a sus hijos, desafortunadamente nadie escucha ni atiende la demanda de habeas corpus, el debido proceso, incluso la comunicación sobre la ubicación de los privados de libertad.
“Crimen de lesa humanidad: se consideran crímenes de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles, con el fin de causarles un sufrimiento colectivo. Los crímenes de lesa humanidad son una de las cuatro clases de crímenes que la Organización de las Naciones Unidas considera de mayor trascendencia para la comunidad internacional, al igual que el genocidio, los crímenes de guerra, y el crimen de agresión. Estos conceptos comenzaron a ser definidos en el marco de las Naciones Unidas, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ante la preocupación generada por los genocidios que «en todos los períodos de la historia ha infligido grandes pérdidas a la humanidad» [1]
El reciente informe “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública” [2] presentado por El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) connota el sometimiento de la población civil ante la política del Estado que ejerce violencia física y simbólica, normaliza la desaparición forzada, persigue a los defensores de derechos humanos, exilio de periodistas etc. el informe es un valiente pronunciamiento a favor de los inocentes.
En el año 2019 anotamos el artículo Constitución versus obediencia burocrática… y ONUSAL[3] en el cual previnimos sobre desobedecer los principios constitucionales nos conduce a destruir la paz, provocar una crisis social, olvidar la democracia, no garantizar los derechos humanos, renunciar a reunificar la sociedad y en consecuencia traicionar los preceptos del Acuerdo de Paz de 1992, eso al menos documentado nos permite solvencia solidaria por esta causa justa.
Un concepto que sobresale es la “ciega obediencia” de funcionarios gubernamentales, es un estado morboso y cruel, es significativo que muchos ejecutores de injusticias acepten esta condición sin distinguir el bien o el mal, únicamente amparados en esos mandatos ilegales e inconstitucionales, nos recuerda aquella Alemania nazi [4] … en el libro: Los verdugos voluntarios de Hitler, los alemanes corrientes y el holocausto / Daniel Jonah Goldhagen – México: Ed. Santillana, 2005. Pág 752 “La obediencia en Alemania contra los judíos del personal administrativo y jerarquías de esas estructuras en el proceso de: búsqueda, captura, prisión y muerte debe observarse -según Goldhagen- como “voluntariado”, pero esa condición de los custodios, investigadores, ejecutores del genocidio caracteriza su opción no jurídica, sino su modelo de vida, esa obediencia ciega se debe: “La primera explicación (la coacción) dice que los asesinos no podían negarse. La segunda (obediencia) y la tercera (presión del entorno) sostiene que los alemanes eran psicológicamente incapaces de negarse. La cuarta explicación (interés propio) afirma que los alemanes tenían suficientes incentivos personales para matar, por lo que no querían negarse a hacerlo. La quinta explicación (miopía burocrática) afirma que a los ejecutores ni se les ocurría la posibilidad de negarse a realizar la actividad recomendada, de la que eran responsables” pág 32 Idem.
La desobediencia activa ante injusticia Joe Kent
Proclamar la “desobediencia activa-cvil” es la condición sine qua non que acompaña a personalidades históricas, pero también debería ser norma en funcionarios o administradores ante procesos ilegales e inconstitucionales, nacionales e internacionales, ejemplo es la renuncia el 17 de marzo de 2026 de Joe Kent director del Centro Nacional de Contraterrorismo EE.UU en su declaración afirma: “no puedo, con la consciencia tranquila apoyar la guerra en curso de Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos una guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso “lobby” en Estados Unidos”[5]; en nuestra nación los funcionarios honorables deberían hacer lo mismo; recordemos las palabras de Monseñor Romero: Hermanos son de nuestro mismo pueblo, matas a sus mismos hermanos campesinos y, ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la Ley de Dios que dice: “no matar”… situación que aplica al modelo carcelario actual.
Me parece que aún es tiempo para evitar una mayor tragedia, es necesario transformar nuestra realidad para retornar a la claridad constitucional y restituir el estado democrático antes del 1 de mayo de 2021. amazon.com/author/csarcaralv
[1] Wikipedia
[2] https://dplf.org/el-salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica/
[3] https://www.diariocolatino.com/constitucion-versus-obediencia-burocratica-y-onusal/
[4] https://www.diariocolatino.com/obediencia-ciega-alemania-nos-recuerda-el-salvador/
[5] https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/eeuu/no-puedo-apoyar-guerra-kent-renuncia-trax
