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Nuevamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Corte Plena, debatieron cuál debe ser el tiempo estipulado para investigar los casos y establecer, una prescripción del delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.
En el acta de Corte Plena del pasado 11 de abril de este año, se detalla que la discusión sobre la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito, surgió al momento de deliberar el caso del exministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa, quien fungió en el cargo durante el último gobierno de ARENA.
En esa reunión, los magistrados aprobaron el escrito final por presunto enriquecimiento ilícito del exfuncionario y, tras las deliberaciones en Corte Plena, se aprobó con trece votos que el exministro fuera enviado a juicio.
En esa misma sesión, la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Paula Patricia Velásquez, dijo que se precisa establecer cuáles periodos fueron investigados y cuáles no en el caso de Figueroa. A partir de esa opinión, inicia el debate de la prescripción de los casos procesados por Probidad.
“Dentro de la discusión, surge el debate de la prescripción de periodos investigados a razón de las competencias constitucionales del pleno y las demás acciones que puede tener la Fiscalía General de la República, bajo la Ley de Extinción de Dominio”, reza parte del acta de Corte Plena.
La magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Dafne Sánchez, argumentó que el debate para establecer el criterio de prescripción, debe realizarse bajo votos concretos y firmes, porque si se hace de otra forma, puede generar problemas.
Otro caso abordado en esa misma sesión de Corte Plena fue la discusión por posible enriquecimiento ilícito del actual diputado de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. En el acta se argumenta que no se detallan las deliberaciones en trámite hasta que exista sentencia en firme.
A inicio de este año los magistrados de Corte Plena, acordaron que la Sección de Probidad debe realizar las investigaciones de patrimonio de los empleados y funcionarios públicos siempre que no haya transcurrido diez años, después del cese en su cargo.
Según publicó Diario El Mundo, con información obtenida por la Ley de Acceso a la Información Pública, hay 51 casos que prescribirán el 31 de mayo relacionados al último gobierno de ARENA, del entonces presidente Elías Antonio Saca, quien actualmente se encuentra preso purgando una pena de diez años por delitos de corrupción.
