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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Estas cooperativas estudiadas son de la Reforma Agraria; sin embargo, el proceso de despojo de tierras es más amplio de lo que abarca el estudio, no se restringen solo a las cooperativas de la Reforma Agraria estos procesos de despojo”, afirmó Carlos Cotto, investigador del Estudio “Mecanismos de Robo y Despojo de la Tierra en El Salvador”.
Las organizaciones ECOS El Salvador, ACUA, Foro del Agua y las Cooperativas por la Defensa de la Tierra presentaron un estudio sobre los diferentes procesos de concentración de la tierra que se vive en El Salvador, cuya dinámica reiteraron es el “ardid-engaño de la oligarquía” para el robo y despojo de las tierras de campesinos y campesinas.
“En el estudio la tendencia más general que se marca en los casos investigados de las cooperativas es el proceso de la contra reforma agraria. ¿Qué es la contra reforma agraria?, es un proceso que nació incluso antes de la Reforma Agraria de los años 60, cuando inició el debate sobre el tema”, comentó Cotto.
El estudio reseña que en 1846 se introdujo el cultivo de café, junto a una regulación para estimular su producción . En 1881, el presidente Rafael Zaldívar sancionó la “Ley de Extinción de Comunidades”, que afectó a más del 154 % de la tierra productiva del país. Y en 1882 sancionó una “Ley de Extinción de Ejidos”, que descalificó las tierras comunales, y que ha definido por décadas la tenencia de la tierra en manos de grupos de poder económicos y políticos.
“La historia de la contra reforma agraria ha tenido varios hechos a lo largo del tiempo y su expresión actual se encuentra en varios mecanismos de despojo que hemos estudiado”, agregó.
“Estos despojos pasan por diversos mecanismos y cada caso es diferente en el proceso seguido, pero tienen en común que se basan en un engaño, en el uso de información falsa o desinformación. Y en procesos de corrupción desde los círculos económicos y políticos hasta el sistema judicial”, argumentó Cotto.
Otro de los hallazgos del estudio se enfoca hacia determinados liderazgos de las mismas cooperativas, quienes han sido sometidos a situaciones de engaño u obligados, así como amenazados. Asimismo, saben de “compras de voluntades”, para poder obtener firmas y definir acuerdos que son inexistentes de origen fraudulento y que han permitido, por ejemplo, “deudas hipotecarias” y la firma de pagarés que terminan en el despojo de las tierras cooperativistas.
“Y también las causas de estos procesos de despojo no son sólo por interés económico, por el lucro y la acumulación de bienes tan valiosos como es la tierra, o la intención de acumulación de Capital. Esto también obedece a denigrar y acabar el modo de vida campesino. Es tratar de demostrar que los procesos sociales y colectivos como las cooperativismo no tienen viabilidad”, aseguró.
“Y que la única forma de hacer producción y hacer economía es a través de la empresa privada; claro, detrás de la intención material de expropiación de la tierra, está también la intención a un nivel más subjetivo y tocar las conciencias para establecer que la economía capitalista es la única forma eficiente de producir y que las reformas colectivas y sociales no tienen futuro”, refirió.
Para el investigador, esta es la “intención oculta” del proceso de la contra reforma agraria en términos generales, que avala el desarrollo de robos y despojos de tierra, obedece con la intención de acumular riqueza y la imposición de una forma de economía capitalista.
“Esto está llevando a toda la población general a una situación de crisis alimentaria que estamos viviendo y de degradación de la capacidad de producir alimentos a nivel nacional. Por lo tanto, el triunfo de la economía especulativa, la corrupción y el abuso por sobre los derechos de los y las campesinas, los derechos a la tierra, el agua, los alimentos y todo lo que encierra la propiedad de la tierra”, reiteró Cotto.
En cuanto a los recursos que utilizan para el despojo de la tierra de cooperativas, indicó que en cada caso fue diferente, como el caso de una cooperativa en la que “firmaron pagarés” como una intención de pago por un servicios que no fueron brindados.
Estos “pagarés”, con el paso del tiempo y la suma de intereses, la mora y otros aspectos bancarios que están incluidos en un crédito y que no ha sido pagado, señaló, se convirtieron “en una suma impagable de cinco veces más de lo que fue originalmente”, sumada a la complicidad de los “juzgados”, que denunció han sido utilizados para reclamar la propiedad de la tierra.
“Otro caso fue a través de las hipotecas, aquí se aplica a los créditos hipotecarios que tienen como garantía la tierra que no son pagados, los créditos que han sido contratados de manera fraudulenta por acuerdos inexistentes o por firmas inconsultas y que finalmente son favorecidas por los juzgados a través del embargo de las tierra y son entregadas a los demandantes que, pues, son personajes de gran poder económico y político”, argumentó Cotto.
Agregó que “los mecanismos pueden ser diferentes en cada caso de las cooperativas, pero el proceso en general es el abuso, el engaño y la complicidad de las instituciones del sistema judicial y también del órgano Ejecutivo, son los factores comunes a los diferentes procesos de despojo de la tierra”, reiteró.
Las cooperativas investigadas son: la Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria “Hacienda Normandía”, en el cantón Cruzadilla, Jiquilisco, Usulután; la Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria El Bosque, cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad, y la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria “Escuintla”, cantón Tierralanca Zacatecoluca, La Paz.
Alejandro Henríquez, integrante de ReVerdES, indicó que la Hacienda Normandía afirmó que era un claro ejemplo sobre la “dinámica de concentración y reconcentración de tierra”, que en este momento enfrentan diversas cooperativas en el país.
“Actualmente, así está trabajando la economía del país, en donde ya están muy metidas las empresas internacionales, pues el robo y despojo de la tierras ya es objetivo de las familias reconocidas como Dueñas, Meléndez, Wright, Salaverría. Y claro las empresas transnacionales”, dijo.
“Un claro ejemplo es lo que ocurrió en Cabañas , cuando llegó Oceana Gold/ Pacific Rim, abrieron negocios para extraer metales preciosos por medio de la minería metálica y precisamente esto llevó a una concentración de tierras. Y creo que es importante decir que los Estados, como El Salvador, se ven debilitados frente a esas transnacionales que tienen un poder económico muy grande”, reseñó Henríquez.
Sobre las transnacionales, Alejandro Henríquez alegó que estos por ser “capitales extranjeros” llegan al país a hacer negocios “sumamente protegidos por el Estado”, y que por tanto la misma dinámica de estas empresas termina afectando directamente a la población campesina.
“Lastimosamente, la campesina y el campesino han sufrido por siglos, y esas mismas familias siempre se han lucrado del trabajo de la población rural y les han quitado sus tierras. En la actualidad el descaro ha llegado a tal nivel que les mienten a los y las campesinas induciendo a cometer errores con deudas, hipotecas y contratos de deuda”, reafirmó.
“Las y los cooperativistas son obligados a poner las propiedades en garantía de estas deudas y, como ya dijimos, ponen cláusulas absurdas como le sucedió a la Cooperativa Escuintla, que tenía que pagar 5 millones de dólares en 45 días. ¿De dónde podrían sacar esa cantidad de dinero, con una venta de los granos básicos de supervivencia? Y que la venta de granos básicos son negocios perdedores porque el Estado ha hecho que sean cultivos mientras la caña de azúcar es un negocio ganador”, puntualizó Henríquez.
