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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de la Comisión Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador rechazaron la aprobación de un recomendable por parte de la Asamblea Legislativa, en el cual sugieren que el ministerio de economía (MINEC) y el Banco Central de Reserva (BCR) lideren el proceso de formación de ley o reforma para regular a este sector.
Los cooperativistas manifestaron que el recomendable aprobado, durante la pasada sesión plenaria viola disposiciones contenidas en la Constitución de la República y tratados internacionales como la Alianza Cooperativista Internacional, y la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La Asamblea Legislativa al aprobar este recomendable viola todos estos convenios suscritos por el Estado salvadoreño y por ello pedimos que se revoque la decisión y emitan el que corresponde a derecho”, dijo Julio César Portillo, secretario de la Comisión Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador.
Los mocionantes sostienen que el recomendable no tiene razón de ser, ya que tanto el MINEC como el BCR son entidades que nada tienen que ver con las asociaciones cooperativas y que en todo caso es el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) el responsable desde hace 70 años de la supervisión y vigilancia del sector.
Portillo, además, sostuvo que el congreso salvadoreño cometió una ilegalidad al enviar a archivo el anteproyecto de ley de regulación de las cooperativas de ahorro y crédito amparándose en una supuesta solicitud de los cooperativistas.
“El recomendable dice que nosotros solicitamos expresamente que se enviara a archivo, lo que es totalmente falso y se los probaremos”, expuso el secretario de la asociación de cooperativas.
Para la Comisión Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador intereses oscuros impulsaron la aprobación del recomendable y por ello no solo presentaron la solicitud de revocatoria a la Asamblea Legislativa sino también un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
